En cualquier proyecto de envergadura, lo primero es comparar todas las opciones de ejecución que hay para elegir la mejor. Sea una gran infraestructura -el trazado adecuado para una carretera o las ubicaciones de menor impacto en las que asentar los pilares de un tendido eléctrico- o, como en este caso, ante la fundamental estrategia para devolver a ríos, puertos y, en general, a las masas de agua en la demarcación de Galicia-Costa, bajo la tutela de la Xunta, la calidad que imponen las directivas europeas. Así se preparó el segundo ciclo de la planificación hidrológica en la cuenca que engloba la fachada atlántica de la comunidad y que va desde el actual 2015 al año 2021. Con un cribado inicial entre dos paquetes de medidas. Sin embargo, la alternativa que mostraba "un mejor comportamiento frente al cumplimiento de los objetivos medioambientales" se queda en el cajón porque "las necesidades inversoras de la misma no permiten llevarla a cabo en el contexto económico actual", según reconoce la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en el estudio ambiental elaborado para el plan hidrológico. "En todo caso -añade el documento-, la otra alternativa propone medidas adicionales que mejoran la situación actual de las masas de agua y de atención de las demandas, tanto de abastecimiento como de regadío, pero sin estrangular la actividad económica ligada al agua".
El repaso a las iniciativas que proponía cada una evidencia que la diferencia entre ambas está en la repercusión de las correcciones y en los plazos para aplicarlas. Por ejemplo. La más ambiciosa, y por eso más costosa, incluía la eliminación de todos los saltos que afecten al ecosistema de los cauces de los ríos. La finalmente elegida, en cambio, apuesta por "la revisión" de los llamados "obstáculos transversales" que "estén en desuso o con concesión caducada". Con esta segunda alternativa, el cumplimiento de los objetivos de recuperación de calidad en aguas superficiales se situará, según señala el estudio ambiental, en el 95,7% y del 100% en masas subterráneas, aunque hay una disminución de las futuras dotaciones de abastecimiento y el porcentaje de unidades de consumo vinculadas al sector agrario que no cumple "los criterios de garantía" es menor al del planteamiento rechazado por razones económicas, y que elevaba la mejora en aguas en superficie al 97,4%.
En definitiva, la alternativa con mejor previsión de resultados aspiraba a obtener "el máximo cumplimiento" en el horizonte de 2021, "sin tener otros factores como las restricciones presupuestarias, factores socioeconómicos o políticos", explican fuentes del departamento que dirige Ethel Vázquez. "Esto implicaría -añade- que muchas de las actividades que se realizan en distintas cuencas tuviesen que dejar de realizarse, lo cual, en muchos de los casos no es viable". La alternativa que se seguirá "pretende compatibilizar" las exigencias medioambientales y el actual escenario económico, "sin renunciar al logro de los objetivos, pero no buscando el máximo cumplimiento".
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Para cada uno de los problemas detectados, según Medio Ambiente, "se valora el impacto de las actuaciones a nivel socioeconómico". De ahí que las actuaciones que se llevarán a cabo son "menos amplias o generales" y "se centran en corregir los problemas o el previsible impacto sobre el medio hídrico en equilibrio" con el esfuerzo social y económico.
En ninguna de las dos alternativas se estimó "una valoración detallada de los costes". "Los ciclos de planificación se prolongan durante 6 años y las herramientas de financiación posibles son muy variadas", justifica la consellería. La selección se basó en las conclusiones de los trabajos previos, el denominado Esquema de Temas Importantes, en el que participan los agentes implicados -sector público, empresas y usuarios- y a partir del que se diseña todo el proyecto. Fue en ese momento cuando "la disponibilidad presupuestaria" se consideró como "un factor de elección" en las medidas a tomar "puesto que condiciona" las que se pueden realizar y las que no.
En total, en línea con la alternativa elegida, el plan hidrológico suma 530 medidas y 779 actuaciones. La mayoría estaban incluidas en el primer ciclo de la planificación, el comprendido entre 2009 y 2015. El presupuesto global asciende a 1.583,1 millones de euros, de los que los trabajos de saneamiento y depuración absorben más de 1.177 millones. El presupuesto para nuevas actuaciones que se incorporan hasta 2021 roza los 184 millones de euros.
Una "actualización" de las tarifas para "penalizar" los consumos más altos y avanzar en "la recuperación de costes"
- En ese abanico de cerca de 800 medidas que contempla el plan hidrológico de Galicia-Costa hasta 2021 y que detalla su estudio ambiental estratégico está una "actualización de la estructura de las tarifas de abastecimiento urbano con tarifas que penalicen los consumos más elevados fomentando el ahorro". El actual canon del agua. ¿Habrá una vuelta de tuerca al recibo, con un posible encarecimiento para aplicar la recuperación de costes que reclama la UE?"Desde el punto de vista de la planificación hidrológica se busca que la política de precios del agua incentive un uso eficiente de los recursos, de forma que se contribuya al logro de los objetivos medioambientales, así como una adecuada contribución de los diversos usos del agua al cumplimiento del principio de recuperación de costes", responden desde la Consellería de Medio Ambiente. Ahí se enmarca la "línea de trabajo" abierta por Augas de Galicia con "las distintas administraciones" que tienen competencias dentro del Pacto Local del Agua. Sobre todo, los concellos.Por "la experiencia" y "los datos recogidos" en todo el proceso de planificación, Augas de Galicia ha constatado que existe "un gran desconocimiento de los costes reales de los servicios del agua". El organismo matiza que no solo se trata de costes "financieros", sin también "costes medioambientales y del recurso". Por eso la Xunta apela a la necesidad de "un esfuerzo" por parte "de todas las administraciones" para "determinar claramente el coste de los servicios del agua". Será entonces, según apuntan fuentes de la consellería, cuando se deba establecer "el objetivo de recuperación de costes en cada uno". "Lo que no implica -añaden- que se tenga que ir a una recuperación del 100%, sino que se tenga claro qué parte se va a recuperar y se justifiquen las excepciones".Medio Ambiente asegura que la Directiva Marco del Agua "no exige una recuperación completa de los costes". "Pero sí -continúa- tener conocimiento de cuáles son, que se tenga en cuenta el principio de recuperación de costes y que se garantice una contribución adecuada de los diversos usos a la recuperación de costes".En esta última cuestión es donde actúa, según la administración autonómica, "las estructuras tarifarias" que se están aplicando. En el caso concreto de los servicios urbanos "se ha constatado que en muchos de los casos no responden a los requerimientos de la Directiva y la planificación". Se están analizando en el Pacto Local, "así como la posibilidad de adecuación". La "previsión" de la Xunta es que durante esta planificación, hasta 2021, "se avance" en "la línea de trabajo" para cumplir "la adecuación de las estructuras tarifarias" a esos principios de "objetivos medioambientales y recuperación de costes".
