La decisión de las dos fiscales de dejar fuera de su alegato final buena parte de las pruebas documentales y casi todo lo dicho por los más de 40 testigos y peritos que comparecieron en la Audiencia Nacional por las indemnizaciones de la antigua cúpula de Novacaixagalicia sirvió en bandeja la respuesta de sus defensas. "Como si el juicio no hubiese existido", coincidieron los abogados, que intentaron echar abajo uno a uno los argumentos de Anticorrupción para mantener las peticiones de hasta tres años de cárcel por estafa o, subsidiariamente, administración desleal y apropiación indebida para José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada, Julio Fernández Gayoso y el asesor externo Ricardo Pradas, tras el sorprendente giro por parte de la acusación de desvincular al sexto imputado, Javier García de Paredes, del "engaño" y su petición de absolución. La salida del ex director adjunto, ya en el banco y liquidado por su presidente, José María Castellano, es una de las pruebas a las que se agarran las defensas del resto de altos cargos para reclamar también la absolución. Castellano no pasó la salida de De Paredes por el consejo y la comisión de retribuciones, "ni antes, ni durante, ni después". "Que no se nos reproche a nosotros -sostuvo el abogado de Pego- lo que no se reprocha a otros". El caso quedó visto para sentencia con la recriminación de los directivos a una acusación "falta de rigor" y "forzada, barroca y extravagante".
"Todo en la acusación es errático", proclamó Carlos Saiz letrado de Gayoso, con recuerdos a cómo se llegaron a imputar y luego desimputar a los seis miembros de la comisión de retribuciones o la alternancia de los cargos, "que se han ido combinando a conveniencia". El "culmen" es ahora la existencia "de una conspiración en Caixanova", cuando era la entidad viable y a la que el Banco de España le encargó la gestión de la fusión. "No hay delito y todo lo que se ha esgrimido está en el plano laboral, no el penal", se quejó.
"La realidad es que ni querían irse, ni modificaron los contratos, y es que además ni se van, los echan", recordó Saiz. Gayoso "estuvo en todo momento asesorado por la asesoría jurídica interna, que es la misma que está en Abanca" y todos los informes del Banco de España" ratifican "la legalidad de lo hecho". Los contratos pasaron, enumeró, por "5 consejos de administración, 10 comisiones de retribuciones y, al menos, 3 de control". "Nunca se discutieron los acuerdos, aprobados por unanimidad o amplia mayoría y las únicas disidencias -añadió, por las reticencias de los representantes sindicales- tienen una motivación diferente".
La "cronología relatada" por el jefe de supervisión del Banco de España, Pedro González, demuestra que tenían "información completa". "Si esto es una película -ejemplificó, tomando la misma metáfora que emplearon las fiscales el martes- el Banco de España estaba en primera fila". Su falta de actuación es "prueba inequívoca" de la legalidad. Saiz considera "absolutamente descabellado" pensar que Gayoso, "tras 60 años y jubilado", quiera amputar su trayectoria "para que alguien pudiera cobrar algo más" y arremetió con "lo surrealista" de que se hubiera implicado con la parte de De Paredes, "cuando ni siquiera lo liquidó".
La defensa de Pego asumió el discurso del letrado de Gayoso. Con una diferencia. "Si esto es una película, el Banco de España no está en primera fila, es el productor ejecutivo. Si es una obra de teatro, es el apuntador. Y si es una canción, fue el arreglista instrumental", señaló, como muestra del conocimiento que el organismo tuvo en todo momento. "Después de tantas horas de juicio, la Fiscalía se remite solo a lo que dijo José Luis Regueiro [el único consejero crítico] y el informe de Martín Godino [encargado por NCG], al que además renunció a tomar declaración", criticó Alberto Rodríguez Mourullo, porque además Godino avaló la legalidad de los contratos. Es "muy curioso", insistió, "que ni siquiera recoja las respuestas de los consejeros que dijeron que no había engaño". "Pese -continuó- a que eran sus testigos".
La acusación "forzada" se evidencia en "contradicciones perfectas" como que la Fiscalía "acuse de estafa por el engaño al Banco de España, pero a la vez alegue ultratransparencia para que los directivos se blindaran y sostener una supuesta apropiación indebida". Rodríguez Mourullo afeó a las fiscales que hubieran aplicado a Caixanova "el informe de inspección de Caixa Galicia" con todas las razones de su quiebra y desveló, porque obra en la causa, la última acta del Banco de España sobre la entidad viguesa, a la que considera "viable y solvente, con un equipo gestor que toma medidas razonables y prudentes".
"A José Luis Pego, como reconoció Pedro González, le dijeron que había partido y el lo jugó partido a partido, mes a mes, con la caja en beneficios", destacó, con "información en tiempo real" al Banco de España de los contratos, "la firma por parte de todos los consejeros de todas las hojas" en la sesión que convalidaron las condiciones laborales y un envío el 14 de octubre de 2010 "a Caixa Galicia" del borrador de ese acta, que tumba la idea también "de un engaño a la otra entidad". Lo declarado por Castellano y el veto de los fondos internacionales al que fue director general es "un despido encubierto" que desmonta también la idea "de que quisiera irse", y que, como enfatizó su abogado, "es la premisa de la acusación".
"Por favor, no se trate de utilizar a la Fiscalía como un instrumento de recaudación de cantidades que se puedan calificar de alarmantes o no éticas. El derecho penal no es la primera ratio para ejercer una reclamación, para eso están las instancias laborales", exigió, tras su exposición motivada sobre los conceptos retributivos y el apoyo del informe de los servicios jurídicos del Banco de España que aseguran que no hubo irregularidades ni se podían dejar de ejecutar los pagos.
A eso también se agarró la defensa de Gorriarán y Rodríguez Estrada, con el añadido en sus casos de que el primero tenía todos sus derechos desglosados desde siempre en su contrato y que el segundo estaba a punto de jubilarse. Precisamente por "su petición" de que la nueva caja "conociese sus contratos" se llevaron al consejo. Pablo Rodríguez Mourullo profundizó en el conocimiento del Banco de España y subrayó cómo Pedro González "se puso de perfil" cuando se le preguntó por qué había tardado seis meses en alertar a Novacaixa del agujero de 805 millones que arrastraba Caixa Galicia. "Muy malo no debía de ser Pego cuando el supervisor quería que siguiese", ironizó.
"Interviniese él o no, el resultado hubiera sido el mismo", resumió el abogado de Ricardo Pradas, que destacó que ninguno de los informes adheridos a la causa quitaron la razón al suyo. "Si no hubiera sido imputado y viniese como testigo, la relevancia de la prueba habría cambiado", señaló.
Fue precisamente en el alegato de la defensa del asesor cuando el juez Alfonso Guevara realizó su enésima llamada de atención a las fiscales, ante sus continuas "muecas y críticas" durante la intervención de los abogados. "Un momento". interrumpió. "Ya no aguanto más. Los abogados de la defensa y yo hemos escuchado muchas cosas aquí que no nos han gustado y no nos han visto ni un mal gesto. Después de su brillantísimo escrito de ayer -ironizó, por las alabanzas que el abogado de Abanca lanzó el martes a las fiscales- tengan un poco de dignidad y sean respetuosas".
De Paredes se quedaría con sus 5,6 millones de euros
- La exigencia de las fiscales en sus alegatos del martes para la devolución íntegra de los 18,9 millones que cobraron como prejubilación los cuatro directivos liquidados pese a pedir la absolución de uno de ellos, Javier García de Paredes, provocó la inédita situación de que, en caso de condena, los otros tres tuvieran que devolver una parte no cobrada por ellos. De ahí que ayer, en la sesión de cierre del juicio, las fiscales corrigieran lo que el día previo sostenían y restaran de la petición de reintegro los 5,6 millones de De Paredes. Lo que significa que, siempre que existiera un fallo contra los directivos, el único al que se le hizo un contrato nuevo y que se liquidó fuera de la caja, en el banco, aguantaría íntegra su prejubilación. Algo que, por cierto, no comparte el abogado que representa a Abanca por orden del FROB, Javier Sánchez-Junco, que, además, es fiscal de Anticorrupción en excedencia.El letrado encargado de la defensa de De Paredes llamó la atención de que la petición de absolución de la Fiscalía se condicionara a que "la sala entienda que no se le debe condenar". Algo, subrayó, que es "antijurídico". De ahí su petición para que la acusación pública retirara directamente la acusación. José Antonio Choclán insitió en que el ex director adjunto era "gestor, no administrador" y que si no pudo devolver parte de lo que ingresó fue porque la apertura de diligencias "por parte de la fiscalía, instrumentalizada por el FROB", lo impidió.
