Tras el cierre de la declaración de Ricardo Pradas, el asesor legal también imputado, con las respuestas a su abogado para insistir, como en la sesión de ayer, en la legalidad de las liquidaciones y que ninguno de los directivos le pidió informes en su favor para avalar los contratos, el plato fuerte de la segunda jornada del juicio en la Audiencia Nacional contra los antiguos altos cargos de las cajas gallegas es la intervención de Javier García de Paredes. "Mi contrato siempre estuvo a disposición de los consejeros", afirmó el que fue director general adjunto, que incluso relató cómo le llegó a ofrecer una copia en mano a José Luis Regueiro, representante de CCOO y uno de los vocales más críticos por la supuesta falta de transparencia en los órganos de decisión de la entidad. Fue tras la reunión en la que se trataron las condiciones laborales y después de la "explicación detallada" que también le dio el director general José Luis Pego.

De Paredes explicó la fusión de Caixanova y Caixa Galicia por la necesidad de crear "una entidad más fuerte" en medio de la reestructuración financiera que estaba viviendo el país e hizo hincapié en que la operación se realizó al amparo del artículo de la normativa del FROB que recogía medidas de ayuda para "entidades viables". "Por favor, analice la aprobación del Banco de España al proceso, se hizo en base a ese artículo", pidió el directivo a la fiscal que hoy lleva los interrogatorios, Concepción Nicolás, ante su insistencia sobre la situación en la que estaba cada una de las dos cajas de origen.

"Yo no redacto el contrato. Ni propongo cambios", insistió Javier García de Paredes hasta en tres ocasiones. El ex director general de Novacaixa asegura que cuando se le ofreció equipararse al resto de altos cargos que tenían origen en Caixanova pidió que se tuvieran en cuenta las recomendaciones europeas sobre retribuciones y que, como quedó constancia incluso por parte del Banco de España, no eran de aplicación. De hecho, ni los contratos ni las liquidaciones "nunca" se pusieron en cuestión. "Al FROB no le hubiera quedado otra que sancionar a la entidad si hubiera sido así", recordó, en referencia al contrato firmado para la suscripción de los 1.162 millones en preferentes de la primera ayuda pública.

De Paredes confirmó que su intención era seguir después de la conversión en banco. El presidente de NCG, José María Castellano, contaba con él. Fue su número dos, César González-Bueno, el que no quiso que el puesto para el hasta ese momento director general no dependiera de su departamento. Su liquidación fue la única que se firmó con posterioridad a la bancarización. Después de la renuncia inicial a parte de sus retribuciones, justo tras la firma del contrato, porque "no me correspondían por los servicios prestados", Javier García de Pareces recibe la llamada de González-Bueno para que una segunda renuncia "por lo que se ha montado". Él acepta. Pero no se llegó a firmar. "Primero me dijeron que porque querían llegar a un acuerdo con los otros directivos, luego porque no quería el Banco de España y después porque el FROB no dejó por la apertura de las diligencias en la Audiencia Nacional", resumió De Paredes.