La Real Academia Galega (RAG) presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de desestimar su recurso contra el conocido como Decreto del Plurilingüismo en la enseñanza, norma que supuso la introducción del inglés como lengua de impartición en los centros de Galicia junto con el gallego y el castellano.

El pleno de la Academia ha decidido acudir al Constitucional en cumplimiento de lo previsto en sus estatutos sobre la defensa de los derechos de los gallegohablantes, cuyos derechos "considera vulnerados por el citado decreto".

Dicho recurso de amparo está fundamentado en que la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagran el derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación por cualquier circunstancia personal.

En concreto, consideran que el citado derecho a la igualdad se refiere a un carácter "material", que obliga a los poderes públicos a promoverla removiendo obstáculos que se interpongan par alcanzarla y que se debe materializar en acciones positivas de promoción a personas o colectivos "históricamente marginados".

La RAG considera que estas medidas de acción positiva, en materia de lengua, deben acogerse bajo la denominación de "normalización lingüística" que está fundamentada legalmente en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, la Ley de Normalización Lingüística y la propia jurisprudencia del Constitucional, que ha reconocido que ambas lenguas (castellano y gallego) deben tener una presencia "suficiente" en el sistema de enseñanza para garantizar la consecución "del objetivo de igualdad".

"El decreto 79/2010 de la Xunta de Galicia, que dice desarrollar la Ley de Normalización Lingüística, en realidad está en abierta contradicción con esta, obviando el concepto de normalización y anunciando en el preámbulo un cambio del marco legal, pese a que se trata únicamente de una norma para desarrollarlo", señala la RAG.

"Lo más grave", prosigue el comunicado, es que el citado decreto "perpetúa la situación de inferioridad de la lengua gallega, profundizando en los prejuicios contra la misma al excluir taxativamente su uso en las materias de contenido científico".