Las 10.000 principales industrias de producción eléctrica, refinerías, coquerías, del metal, el cemento, cerámicas, vidrio y papeleras de la UE quedaron sometidas a partir del 1 de enero de 2005 al sistema de derechos de emisiones contaminantes. A cada una se le asigna una cantidad concreta de toneladas de dióxido de carbono en función de a lo que se dedican y el objetivo global de reducción de gases a la atmósfera, el viejo Protocolo de Kioto, con la opción de vender la parte no consumida a otros que sí superaron la barrera que se les adjudicó. La nómina de factorías que deben verificar al cierre del ejercicio el cumplimiento de esos máximos ha ido variando en estos quince años en función de los tres diferentes planes impulsados alrededor del comercio de CO2. El inicial, hasta 2007; el que fue de 2008 a 2012; y el nuevo, en vigor el resto de la década, que incrementó de 9 a 29 las actividades sujetas, con un total de medio centenar de instalaciones afectadas en Galicia. Ante "la ausencia de un acuerdo internacional ambicioso" y "vinculante" sobre el cambio climático, la Comisión Europea considera que existe un evidente riesgo de que grandes empresas decidan deslocalizarse para poder contaminar más y sin coste. La llamada "fuga de carbono", por la que Bruselas mejora las condiciones para algunos sectores considerados de especial riesgo y son más estrictos en el resto. En la última revisión de los candidatos a beneficiarse del ahorro de costes -se hace cada cinco años-, las grandes perjudicadas han sido las principales madereras gallegas, que deben reducir un 74% sus emisiones hasta 2020.
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de cerrar el proceso de participación pública por los cambios en la asignación gratuita de derechos de emisión para adoptar la nueva relación de sectores en riesgo por "fuga de carbono". En ella se incluyen la Compañía Energética para el Tablero, Losan, ubicada en Curtis; las cuatro plantas de Finsa en Rábade, Padrón, Santiago y San Cibrao das Viñas; Industrias del Tablero, emplazada en San Sadurniño; Tafiber, de Betanzos; y Unión de Empresas Madereras. Todas disponían de una cuota de entre 4.059 y 88.980 toneladas de CO2 para cada ejercicio entre 2013 y 2020. Fue la asignación provisional de Medio Ambiente.
Con las modificaciones aprobadas por la Comisión Europea a finales del pasado 2014, sus instalaciones de cogeneración quedaron fuera de los sectores y subsectores "expuestos a un riesgo significativo". Así que su cuota se multiplicará cada año a partir del actual 2015 por 0,8%. Una caída acumulativa del 20% por ejercicio que deja un recorte total en la segunda mitad de la década del 74% sobre la cantidad que recibieron.
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En la otra alternativa, la de mejorar su situación de partida, está la planta de PSA Peugeot-Citroën en Vigo. El reparto fijaba una reducción continua hasta 2020 superior al 62% en comparación con los derechos con los que contó en 2013, algo más de 35.100 toneladas. Dado que los costes directos e indirectos adicionales por la aplicación de la directiva de emisiones supondrían un incremento de los gastos de producción en la factoría y por la intensidad comercial de la automoción -importaciones y exportaciones con países extracomunitarios saltan la barrera del 10%-, la aplicación de las medidas contra la "fuga de carbono" le permitirán mantenerse por encima de las 39.000 toneladas de CO2 al año en 2015 y 2016 y situarse en 26.169 en 2020. O, lo que es lo mismo, un 175% más de la asignación que para entonces le dejaba el tercer plan del comercio de emisiones.
Los derechos funcionan a la vez como incentivo y desincentivo. La cotización del dióxido de carbono rondó este último mes los 6,9 euros. Es el precio al que deberían pagar por cada tonelada los que no cumplan, y lo que recibirían los que les vendan.
