El Ministerio de Hacienda se propone que tanto los ayuntamientos como las autonomías estén al día en sus facturas con sus proveedores. Las administraciones que doblen este límite legal de 30 días y lo hagan de manera reiterada o incluso eludan facilitarle datos sobre los pagos se enfrentarán a sanciones por parte del departamento que dirige Cristóbal Montoro. En el caso de Galicia, más de una veintena de concellos incumplieron de manera reiterada el plazo fijado en la Ley de Morosidad entre septiembre y diciembre.

Y otros 45 ayuntamientos gallegos también están en el punto de mira del Gobierno central por no haberle remitido información sobre el estado de sus recibos. En total, 66 concellos -el 20% del total- se enfrentan a la aplicación de distintas medidas correctoras por su elevada morosidad.

De no corregir su situación, el Gobierno central podría hacerse cargo del pago de esas facturas acumuladas y a cambio retendría esos fondos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE), según recoge la Ley de Morosidad. Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé otras medidas coercitivas como multas o, en último extremo, la intervención de las administraciones incumplidoras.

Cada vez que un ayuntamiento supera los 30 días en el pago a sus proveedores, deben incluir en la actualización de su plan de tesorería medidas que permitan generar la liquidez necesaria para reducir los plazos de pago.

En el punto de mira de Hacienda por tardar de manera reiterada más de 60 días en saldar sus facturas están cinco ayuntamientos de la provincia de A Coruña (Carral, Muros, Negreira, Ponteceso y Rianxo), ocho de Lugo (Barreiros, Foz, Meira, Palas de Rei, Riotorto, Sarria, Trabada y Viveiro), cinco de Ourense (A Bola, A Gudiña, Xunqueira de Espadañedo, Larouco y Piñor) y tres de Pontevedra (Meis, Moaña y Vilanova de Arousa). De estos 21 concellos morosos, un total de nueve tardan más de tres meses en saldar las deudas con sus proveedores.

De los ayuntamientos gallegos que en los meses de septiembre y diciembre no enviaron información sobre los pagos a sus proveedores hay un total de 12 de la provincia de A Coruña (Sada, Oza-Cesuras, Carballo y Fisterra entre ellos) ocho de Lugo, otros 19 de Ourense y seis de Pontevedra (Catoria, Forcarei, Ribadumia, Rodeiro, Silleda y A Illa).