La juez Pilar de Lara prorrogó ayer la detención del propietario de Monbus y presidente del club de baloncesto Obradoiro, Raúl López, tras agotar el plazo legal de retención de 72 horas y no le tomó declaración hasta última hora de la noche. Aunque el empresario, epicentro de la investigación abierta por la magistrada por presuntos delitos económicos, de cohecho y tráfico de influencias, llegó al juzgado de Instrucción número 1 de Lugo a las dos menos cuarto del mediodía tuvo que esperar seis horas en los juzgados de Lugo hasta comparecer ante De Lara en torno a las ocho de la noche. Raúl López aceptó someterse al interrogatorio de la juez porque, según explicó, "no tiene nada que ocultar". "Tengo la conciencia muy tranquila y comparezco tranquilo", aseguró poco antes de iniciar su declaración, que con toda seguridad se alargó hasta bien entrada la madrugada.
El abogado del industrial explicó, según el diario El Progreso, que en los registros que los agentes de Vigilancia Aduanera practicaron en su domicilio y en la sede de Monbus no había dinero en efectivo en las cajas fuertes y que incluso en la caja fuerte de su casa tuvo que intervenir un cerrajero puesto que estaba "en desuso".
El mayor empresario del transporte en Galicia y presidente del Obradoiro es el principal imputado en una operación, denominada Cóndor, iniciada el pasado miércoles en la que se efectuaron un total de diez detenciones y hasta una treintena de registros en hasta cuatro comunidades autónomas. Pilar de Lara sospecha de la posible existencia de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, delito contable, tráfico de influencias y cohecho.
La juez investiga, por un lado, contratos obtenidos por Monbus para el transporte de militares. Entre los imputados hay un teniente coronel del Ejército de Tierra y un sargento de la Brigada de Paracaidistas. Aunque su declaración ante De Lara estaba prevista para ayer, finalmente se pospuso para hoy.
Entre las adjudicaciones que están bajo sospecha podría estar la concesión de líneas de transporte de viajeros. De Lara registró de hecho el despacho de un funcionario del Ministerio de Fomento, donde se incautó de un ordenador y un teléfono móvil. La juez, sin embargo, no ordenó el arresto del empleado público que tampoco está imputado. La ministra de Fomento, Ana Pastor, explicó ayer en Santiago que si tuviese constancia de alguna irregularidad "la denunciaría sin faltar un segundo".
También se investigan presuntos pagos en negro al club de baloncesto Obradoiro y se sospecha que la empresa turística InterRías ocultaba sus ingresos al fisco y abonaba con este dinero en B los servicios a Monbus, compañía con la que colaboraba.
