Imputación masiva en la ciudad de A Coruña procedente de los juzgados de Lugo. La juez instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara, ha comunicado nuevas imputaciones a 39 personas y las ha citado a declarar por un presunto delito de tráfico de influencias dentro de la ramificación coruñesa de la mayor investigación judicial contra la corrupción municipal, que en este caso se centra en la supuesta barra libre para la retirada irregular de multas de aparcamiento por mediación de Vendex, la concesionaria de la grúa y de la ORA y empresa considerada el epicentro de la trama. Tras la providencia que la juez firmó ayer, el número de imputados en A Coruña supera ya los sesenta. Entre ellos se encuentra Julio Flores, teniente de alcalde y número dos del regidor, Carlos Negreira, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
En la providencia en la que cita a prestar declaración en calidad imputados figuran funcionarios del Concello de A Coruña, trabajadores de Vendex, personas relacionadas de algún modo con el Ayuntamiento y el propio delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. También aparece el exedil nacionalista Xan Martínez Cajigal, que ya estaba imputado por cohecho. Las declaraciones están programadas para maratonianas jornadas entre el 30 de abril y el 18 de mayo.
La mayoría de imputados ya figuraban con nombres y apellidos en un auto de febrero de 2014, a través del que se buscaban huellas de la supuesta retirada de multas de la grúa y de la ORA.
Todo parte de los pinchazos que practicaron al teléfono del máximo responsable del conglomerado empresarial investigado, José María Tutor. En tales grabaciones telefónicas, tal y como se incluye en algunas partes del sumario, los agentes de Vigilancia Aduanera registraron cómo el empresario recibía llamadas de personas que, con toda naturalidad, solicitaban la indulgencia para sus automóviles, supuestamente evitando el abono de la multa, según sospechan los investigadores y la juez.
En la providencia del pasado febrero, De Lara argumentaba que, "en el curso de las intervenciones", se habían detectado "llamadas entre los investigados y terceras personas" que ponían "de manifiesto prácticas aparentemente irregulares". Tales actitudes consistirían, según el fundamento de la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en "avisar a los responsables de la retirada de vehículos y del control de aparcamiento (ORA) de la imposición de una sanción o retirada de un vehículo presuntamente estacionado" para la "presumible retirada" de la multa, "así como la anulación de las sanciones".
"Tales hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de tráfico de influencias, infidelidad de la custodia de documentos o falsedad documental", concluía.
En el auto ordenaba, tanto al Concello como a la concesionaria del servicio de grúa y ORA -Doal, filial de Vendex- que facilitase una copia compulsada de los expedientes por sanciones de tráfico o aparcamientos durante los ejercicios de 2011 y 2012 de 24 vehículos (facilita las matrículas) y 27 personas (da los nombres y el DNI).
De Lara demandaba asimismo pruebas de que los automóviles y conductores que señalaba estuviesen inscritos en una lista de tarjetas de zona verde (residentes) también durante el mismo periodo. En total, 51 sospechas, de las que finalmente se han materializado casi una cuarentena.
Los hechos investigados se enmarcan en el último año de gobierno de PSOE y BNG y el primero del PP. Según las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento actualmente en vigor, retirar una motocicleta o similar que haya llevado la grúa cuesta 24,27 euros; un turismo o furgoneta de menor tonelaje son 83,67 euros; y los de mayor tamaño hasta 98,87 euros. A esto se añade el recargo por demorarse 24 horas en recoger el vehículo, de 8,92 euros, 15,14 y 31,36 respectivamente.
Casa de los Peces
Por otra parte, la juez Pilar de Lara solicita un informe que una empresa realizó por encargo de Aliart Engineering, exadjudicataria del mantenimiento biológico del acuario, para entregar al Concello en relación a la Casa de los Peces.
La Pokemon investiga el proceso desde que se le retiró la concesión a esta firma por incumplimiento de contrato hasta que se otorgó de nuevo a una filial de Vendex por si hubiese alguna irregularidad en la tramitación. En la providencia firmada ayer, la magistrada demanda al Ayuntamiento que justifique las fechas de todos los pagos efectuados a la empresa y las fechas de entrada en el Concello de la facturación de la empresa.
