El proyecto aprobado por el PP en septiembre del año pasado en el Congreso para permitir a los militares de carrera, los que llevan más de 20 años en servicio, ocupar plazas en la Administración pública (comunidades, ayuntamientos y Estado) se ha quedado solo en el papel, por lo menos en Galicia. De los más de 10.000 militares que forman la tropa en Galicia hay 5.000 que podrían beneficiarse de este cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero en los seis meses que lleva en vigor la reforma no se ha producido petición alguna de excedencia en el Ejército para trabajar como funcionario del sector público.

Para la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) existen dos razones que explican la ausencia de movilidad entre las Fuerzas Armadas y la Administración: la reducción de personal en el Ejército y la inexistencia de convocatorias públicas que permitan el traspaso. Los recortes provocaron una bajada del 72% en el cuerpo de Tierra en la comunidad, al pasar de 577 en 2007 a 164 en 2011, mientras que en el de acción marítima el descenso supone un 80% menos de plazas, de 618 a 97. En el mando de aire salvo la convocatoria de una vacante hace seis años y otras tres en el ejercicio siguiente no han salido más puestos. El Ministerio de Defensa acaba de publicar 1.950 plazas para el primer ciclo del proceso de selección de este año, de las que apenas el 4%, unas 68 corresponden a Galicia.

Hasta ahora Defensa tampoco ha publicado ninguna convocatoria que dé opción a los militares de carrera prestar sus servicios en otra administración. La AUME opina además que todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que este cambio pueda materializarse porque es necesario "modificar el cuadro de personal, publicar los puestos y resolver la provisión". Este proceso podría alargarse aún más si el departamento de Pedro Morenés decidiese fijar requisitos previos como exijir "tiempos mínimos" desde la que se adquiere la condición de militar de carrera o desde que se finalizaron los cursos de perfeccionamiento.

Esta norma, que por ahora todavía no se ha llevado a la práctica, ya recibió sus críticas antes de su aprobación. Desde AUME consideran que se trata de una solución ante situaciones de conciliación familiar y laboral, a diferencia del Ejército que requiere, aclaran, "disponibilidad permanente y movilidad geográfica". La asociación aún así mantiene "discrepancias" con la medida y recurrió al Ministerio de Defensa para denunciar que la norma solo permite optar a formar parte del funcionariado de la Administración a los militares con más de dos décadas de experiencia. Creen que "discrimina" a los soldados profesionales que no tienen esta antigüedad y que son precisamente, señalan, los que sufren "más precariedad laboral" y , por lo tanto, "merecen más apoyo y oportunidades".

Para los miembros de la AUME no es suficiente con esta posibilidad de incluir el personal militar en el sector público. Consideran que para que se pueda garantizar "una movilidad real" en las administraciones se necesitan "políticas activas" que doten a los efectivos de las Fuerzas Armadas de salidas profesionales.

En este sentido, no solo se ha quedado en papel mojado el cambio en el Estatuto Básico del Empleo Público. En la Ley de Tropa y Marinería también estaba previsto incluir medidas para reservar plazas para que militares con más de cinco años en el cuerpo pudiesen hacerse con un puesto en la policía autonómica o la Policía Local.

Pero fuentes de la organización matizan que este tipo de acuerdos son "testimoniales". La misma norma establecía que el Ministerio de Defensa tendría que conceder a los soldados la mitad de las plazas que convocase para que pudiesen integrarse en su cuadro de personal. La reducción de este tipo de plazas a raíz de la crisis al dejar sin cubrir los puestos que quedan vacíos por jubilación o traslado "anularon los efectos de la medida".

Ante estas trabas, los militares de tropa y marinería con más de cinco años en las Fuerzas Armadas solo tienen como salida laboral la Policía Nacional donde tienen asignado el 10% de las plazas y la Guardia Civil donde pueden concurrir al 50% de los nuevos puestos.