La Xunta apoya la reforma de la Ley estatal de Montes que permitirá recalificar en aras del interés general áreas quemadas sin esperar a que pasen 30 años, como marca la normativa actual, desde el último incendio registrado. La considera una "medida razonable". Tanto la legislación estatal vigente como la autonómica gallega -aprobada por el PP en solitario en 2012- establecen de forma taxativa un periodo de treinta años que bloquea el cambio de uso de cualquier zona devastada por las llamas. La única posibilidad de aprovechar para otros fines un área quemada es que el cambio de uso ya estuviera incluido en planeamientos aprobados o en trámites de hacerlo, siempre que hubiera superado el informe de evaluación ambiental, con anterioridad al incendio.
Sin embargo, el Gobierno central quiere hacer más flexible esta recalificación y en el proyecto de reforma de la Ley de Montes, aprobado hace dos semanas, incorpora una nueva excepción a la regla general de los 30 años, al permitir que las comunidades autónomas puedan acordar el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando "se den razones imperiosas de interés público de primer orden". Para ello, se deben "retocar" las leyes autonómica para incluir este precepto.
La Consellería de Medio Rural avala esta modificación legal del Estado, lo que supone un cambio de criterio con respecto a lo establecido en la Lei de Montes de Galicia, aprobada en 2012 por el PPdeG y que establecía los 30 años de espera. "La modificación de la ley básica de montes, referida a la posibilidad de acordar cambios de uso forestal en terrenos incendiados antes de que se cumplan los treinta años, en base a un proceso de prevalencia, parece una medida razonable", valora el departamento de Rosa Quintana.
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La Xunta arguye que con este cambio, muy contestado por los ecologistas y la oposición parlamentaria en el Congreso, se pretende evitar que "por medio de los incendios" se boicoteen actuaciones de interés general. "Por ejemplo, que el Estado no pueda expropiar una parcela por la que va a pasar una autovía porque su dueño le prendió fuego para que no fuera posible ese cambio de uso, ya que antes no se podía hacer hasta pasar treinta años", explica de Medio Rural.
El mismo argumento fue expuesto por la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el pasado 9 de febrero cuanto explicó el proyecto reforma tras ser aprobado por el Consejo de Ministros. Advirtió que la ley actual, impulsada por la ministra socialista Cristina Narbona, permitía estas prácticas incendiarias en un intento de los afectados de bloquear expropiaciones.
Ecologistas y PSOE denuncian que el cambio de la Ley de Montes deja la puerta abierta de nuevo a movimientos especulativos para intentar sacar provecho de zonas quemadas, lo que precisamente intentó impedir la norma promovida por Narbona.
En el caso de Galicia, la Xunta resta toda importancia a este posible efecto pernicioso. "A simple vista, esta modificación no afectará a la principal causalidad de los incendios en Galicia, pues en nuestra comunidad las razones de la actividad incendiaria no están ligadas a la especulación urbanística", razona Medio Rural.
