Casi medio centenar de notificaciones de multas coercitivas salen cada mes de la Xunta dirigidas a propietarios que se resisten a derribar sus viviendas, galpones o naves ilegales. Los técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, peinan desde 2008 cada nueva edificación que se levanta en la comunidad. Si la obra fue construida en suelo rústico o en zona de costa no edificable, el dueño se enfrenta a la apertura de un expediente de derribo y al pago de una multa. De hacer caso omiso a la orden de demolición, una nueva notificación de sanción llegará a su buzón. En los últimos cinco años, el Ejecutivo gallego tramitó un total de 2.412 multas coercitivas para forzar a los propietarios a hacerse cargo del derribo por un importe que supera los 9,6 millones de euros. O lo que es lo mismo, particulares y promotores se enfrentan cada mes a un desembolso de 160.000 euros por no afrontar la demolición de edificaciones ilegales construidas, en muchos casos, bajo el amparo de la administración local.
En el último lustro, la piqueta redujo a escombros en Galicia un total de 411 edificaciones ilegales. De las 129 obras derribadas el año pasado en la comunidad, tan solo una fue ejecutada por las excavadoras de la agencia de urbanismo de la Xunta. Uno de los motivos es la concienciación de los propietarios, que saben que tarde o temprano el lugar en el que se construyó su vivienda, nave o negocio se convertirá en un solar. Pero otro de los motivos es económico, ya que así evitan las sanciones que aumentan a medida que el expediente de demolición avanza. El infractor que acata la orden de demolición tiene una bonificación en la multa del 80%. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al propietario al derribo. Y si las sanciones no surten efecto, es en última instancia cuando interviene la administración -la Xunta en suelo no urbano y los ayuntamientos en el resto- para ejecutar la demolición de forma subsidiaria, reclamando los costes a posteriori.
Evolución
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El importe recaudado por irregularidades urbanísticas detectadas en los 61 concellos adheridos a la APLU -11 de Pontevedra, 20 de A Coruña, 9 de Lugo y los restantes 21 de Ourense- se reparte al 50% entre Xunta y ayuntamientos integrados en la agencia de urbanismo, ya que es el Ejecutivo autonómico el que se encarga del complejo y farragoso papeleo que supone la tramitación de las sanciones y que a la mayoría de los concellos les resulta imposible abordar por falta de financiación.
Las sanciones oscilan entre los mil euros de la primera notificación ya los 10.000 euros. El importe se incrementa según avanza el proceso y el propietario se resiste a demoler la construcción levantada en suelo no edificable.
Los años 2011 y 2010 fueron los que registraron un mayor importe en sanciones por edificaciones con expediente de derribo abierto. En ambos ejercicios se superaron los dos millones de euros en multas coercitivas. El año pasado, el importe superó 1,8 millones y el número de sanciones impuestas alcanzó las 550.
Por provincias, Pontevedra es la que acumula un mayor número de multas coercitivas en el último lustro (942), seguida de A Coruña (771), Ourense (366) y finalmente Lugo (333). El importe de las sanciones en Pontevedra entre 2010 y 2014 a propietarios que se resisten a demoler sus viviendas, naves o galpones supera los 4,7 millones, casi el 49% del total en la comunidad. En el caso de A Coruña, los pagos exigidos a los dueños de edificaciones ilegales roza los 2,9 millones, lo que supone el 30% de las multas coercitivas en la comunidad. Cierran el ranking Ourense (1,6 millones) y Lugo (1,2 millones).
Casi el 80% de las multas coercitivas de los últimos cinco años afectan a obras ilegales en suelo rústico (un total de 1.815 multas por un importe de casi 7,5 millones de euros). En el caso de las construcciones en zonas de costa no edificables, el número de sanciones es de 597 y el importe de las multas 2,1 millones).
La permisividad de los concellos a la hora de levantar una vivienda o una nave ha llenado Galicia de miles de edificaciones ilegales. Para acabar con la política municipal del vai facendo, el bipartito creó en 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). El refuerzo de las inspecciones llevadas a cabo por los técnicos de la Xunta ha multiplicado las sanciones en materia de urbanismo y las órdenes de derribo. Solo el año pasado, la Consellería de Medio Ambiente paralizó las obras a más de 300 propietarios por llevarlas a cabo en suelo rústico. Un balance que supone una media de 25 cada mes y un 24% más que los expedientes de reposición resueltos el ejercicio anterior (243), según datos de la APLU.
