El proyecto de ley aprobado ayer por el Consello de la Xunta para regular la financiación de los partidos políticos incluye un incremento de más del 30% en las subvenciones electorales que recibirán los partidos en los comicios autonómicos. El Gobierno autonómico justificaba ayer el incremento porque la cuantía de las subvenciones por escaño y votos son las que envió el Consello Consultivo en su propuesta y quien se remitió a las ayudas de 2009, que en 2012 sin embargaron se recortaron un 20%. La Xunta decidió no modificar nada del texto enviado por el Consultivo, a quien Feijóo le había pedido una propuesta, y si hay que hacer algún cambio se hará durante la tramitación parlamentario, explicaba ayer.

De este modo, el proyecto de ley recoge en comparación con las ayudas para gastos electorales de los comicios de 2012 una subida superior al 30%. Plantea 20.889,10 euros por cada escaño obtenido en el Parlamento de Galicia frente a los 15.530,93 euros de 2012 (un 34,5 por ciento más). Asimismo, se pasa de 0,58 a 0,77 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidatura, si uno, al menos, de los miembros de la misma obtuvo representación.

Con la nueva norma, el Ejecutivo gallego no subvencionará a las formaciones que acepten donaciones de empresas -personas jurídicas- o particulares anónimos, pero no las prohibirá como prometió, si bien la ley estatal en tramitación las vetará en todo el Estado. Además, potencia el protagonismo del Consello de Contas como órgano fiscalizador y fuerza a los bancos y entidades financieras a que revelen los créditos concedidos -y sus "condiciones"- a los partidos para que estos financien sus campañas electorales autonómicas.

Estas son algunas de las novedades que incorpora el proyecto de ley de financiación de formaciones políticas y fundaciones y asociaciones vinculadas que el Consello de la Xunta aprobó ayer, uno de los compromisos realizados el mes pasado por el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo y elaborada por el Consello Consultivo. La norma, sin embargo, varía respecto a las promesas del titular de San Caetano, que aseguró que se prohibirían las donaciones a los partidos. La ley gallega no incluye ese veto, sino que excluye de las subvenciones autonómicas a quienes las reciban, incluyendo a fundaciones asociadas a los partidos, si bien PP y PSdeG han desmantelado las suyas y solo el BNG mantiene Galiza Sempre.

Este precepto acaparó la atención de los anuncios de Feijóo, si bien el informe del Consello de Contas sobre las elecciones de 2012 reveló que ni PP, ni PSdeG, ni BNG recibieron un euro de donaciones de personas físicas o jurídicas. AGE logró ingresar por esta vía 650 euros. Además, una vez aprobada la ley estatal, este condicionante quedará superado. El vicepresidente Alfonso Rueda reconoció el límite competencial de la norma. "No hay capacidad legal para prohibirlas, pero sí para regularlas", explicó ayer sobre un texto enviado ahora a la Cámara para su debate y posible aportación de enmiendas. El dirigente confía en que se apruebe en este período de sesiones, y así afectará a las próximas elecciones autonómicas, previstas en 2016.

Si las donaciones solo alcanzaron los 650 euros en 2012, los créditos bancarios supusieron un instrumento vital para la financiación de las campañas de las cuatro formaciones que lograron asientos en el Pazo do Hórreo. Los 3,3 millones de euros que recibieron de subvenciones se quedaron cortos y PP, PSdeG y BNG se endeudaron en 900.000, 559.000 y 500.000 euros, respectivamente.

La nueva ley obligará a las entidades financieras que hayan concedido esos préstamos a informar al Consello de Contas, que luego remitirá la información al Parlamento "las condiciones de los créditos", so pena de sanciones de entre 600 y 3.000 euros. Además, también las empresas que prestasen a los partidos servicios "en concepto de gastos electorales" por más de 10.000 euros estarán obligadas a hacerlo.