Insultos, amenazas e incluso agresiones físicas -tal que empujones o rotura de gafas- son situaciones a las que se enfrentan los funcionarios gallegos en su día a día y sobre todo desde el inicio de la crisis, que provocó que estos episodios se quintuplicasen. Los funcionarios que trabajan de cara al público están expuestos al enfado y a la tensión de los ciudadanos por culpa de la recesión y de hecho la principal causa de los incidentes tiene que ver con la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, el desacuerdo con la información recibida por los empleados o la solicitud de documentos sin cita previa.
El Gobierno ultima un protocolo contra las agresiones a empleados públicos acordado con el sindicato CSI-F, pero desde la organización destacan que el plan está paralizado porque en las distintas reuniones entre las partes implicadas no llegan a un acuerdo sobre si se debe incluir o no a los efectivos de Defensa y de Instituciones Penitenciarias. La idea inicial era que el proyecto se aplicase en los organismos de la Administración General del Estado y otras instituciones vinculadas. Es el caso del Instituto Nacional de Empleo donde ya se han realizado experiencias piloto en Galicia de esta iniciativa.
Los sindicatos aseguran que la hoja de ruta de cómo actuar en episodios de conflicto es una asignatura pendiente que tratan en todos los comités de prevención. Pero el debate sobre a qué administraciones incluir frena las negociaciones e impide que el plan pueda aprobarse este mes como esta previsto. Los funcionarios de momento solo cuentan con recomendaciones muy básicas, como por ejemplo evitar los enfrentamientos y llamar a seguridad o pedir la ayuda de los compañeros de forma inmediata en casos de conflicto. Pero consideran que son "insuficientes" y "no preventivas". Desde la Vicepresidencia de la Xunta se presta a los funcionarios que tienen que acudir a un desahucio la protección de agentes de la policía autonómica.
El nuevo protocolo en el que trabaja el Gobierno y que aún está en el aire recogerá la experiencia del personal en ventanilla y que ejecuta embargos. Una de las principales novedades será la catalogación como agresión de las amenazas verbales o físicas que sufran los empleados públicos en su puesto de trabajo, por lo que se enviará un informe a la Fiscalía para que aplique en estos casos el artículo 550 del Código Penal. CSI-F espera además que el Ministerio de Hacienda incluya como agresión las amenazas gestuales y las grabaciones con dispositivos móviles con la intención de difundirlas por internet.
El acuerdo entre el Gobierno y CSI-F recoge la elaboración de un registro y una estadística anual de las situaciones violentas que padecen los trabajadores -que ahora no hay- con el objetivo de medir el alcance de estos episodios. Cualquier tipo de conflicto que se produzca en el puesto de trabajo primero se notificará, luego se denunciará a las autoridades políticas y el último paso será el envío de la reclamación a la Fiscalía.
En cuanto a los mecanismos para evitar estos incidentes, se implantarán dispositivos preventivos, como timbres de alarma, pantallas de separación, personal de seguridad, cámaras, simulacros periódicos para repeler situaciones de violencia o protocolos de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son algunas de las medidas que se pondrán en marcha en las oficinas públicas cuando el plan contra agresiones se ponga en marcha y sea una realidad, que no afecta al personal de Sanidad y Educación, que ya tienen sus propios protocolos.
