El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de la Lei do Emprego Público que regulará las condiciones laborales de los 120.000 trabajadores de la administración autonómica, de los ayuntamientos y diputaciones y del área de servicios y administración de las tres universidades. Entre las novedades figura la creación de fondo retributivo que permitirá a los funcionarios de la Xunta recuperar en 2018 totalmente las pagas extra de verano y Navidad -reducidas desde 2013 un promedio del 30%-, lo que les supondrá volver al escenario salarial que tenían antes de los recortes aplicados por la crisis. Feijóo ya lo había anunciado el jueves en el Parlamento, pero sin detallar la fórmula ni el calendario. Otra novedad, y que significa un cambio con respecto al borrador de la ley elaborado hace año y medio, es la supresión definitiva del llamado plus de altos cargos que permitía a los directivos que dejaban la administración autonómica percibir un complemento retributivo que oscilaba entre los 3.500 y los 14.700 euros anuales.
El nuevo texto ya está listo para ser enviado al Parlamento como paso previo a su aprobación. De su presentación se encargó ayer el presidente de la Xunta junto con la conselleira de Facenda, Elena Muñoz. La futura ley establece la recuperación íntegra de las pagas extra a partir de enero de 2018, lo que implicará un incremento de entre el 2% y el 6% con respecto a las nóminas actuales. Hasta ese año se irá reponiendo de forma paulatina y progresiva el complemento específico de la Xunta, suprimido desde 2013, y también se irá procediendo a la devolución de la paga extra de Navidad que anuló el Gobierno central. Pero si inicialmente se iba a devolver un 12,5% en 2015 y otro tanto en 2016, ahora se repondrá ese 25% ya el próximo año. El resto se repartirá en los tres ejercicios siguientes.
El coste total de esta medida tendrá un impacto para las arcas públicas de 350 millones de euros, según anunciaron Feijóo y Muñoz, de los que 40 corresponden al año 2015 y el resto, 310 millones, a repartir entre 2016 y 2018. El presidente de la Xunta destacó el "enorme esfuerzo" financiero que esto supone para las arcas autonómicas.
Un cambio destacable con respecto a la borrador de la ley es la supresión del plus de altos cargos, complemento que se mantuvo hasta las últimas versiones de la norma. Feijóo dijo que Galicia es la primera comunidad que lo elimina. Este plus lo creó el bipartito en 2007 con el objeto de equiparar las retribuciones de los altos cargos gallegos con los demás del Estado cuando dejaban de prestar sus servicios a la administración autonómica.
En su momento llegó a haber 142 ex altos cargos cobrando este complemento, con cantidades anuales que podían llegar hasta los 14.700 euros. No obstante, el plus estaba suspendido de aplicación desde el año 2012, si bien ahora se anula definitivamente por ley.
Demanda histórica
Feijóo incidió en que la Lei do Emprego Público responde a "una demanda histórica" de los funcionarios de la comunidad y "beneficiará" a todos los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos, puesto que se "moderniza" la Administración para prestar "un mejor servicio público".
Con esta norma se pretende convertir en funcionario al personal laboral siempre que se cumplan determinados parámetros, con la idea de que así estén capacitados para ocupar diversos puestos. No obstante, las pruebas no serán obligatorias y el trabajador que no apruebe, seguirá en su puesto con las mismas condiciones. Otra novedad, para fomentar la profesionalización, es la que obligará a que todos los jefes de servicio sean nombrados mediante concurso. Esta medida supondrá un cambio bastante sustancial, ya que ahora estos cargos son de libre designación, por lo que siempre están sujetas a un margen muy amplio de discrecionalidad.
Los sindicatos CC OO, CSIF, CIG y UGT volvieron ayer a rechazar lo que consideran "anuncios electoralistas" por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la ley de empleo público, cuyo documento exigen examinar antes de que comience su tramitación parlamentaria.
Sostienen que el texto presentado ayer no es el que votaron durante las negociaciones. "Votamos en contra de un texto que ahora va distinto al Parlamento. Eso es un fraude de ley y vamos a estudiar si podemos recurrir, porque tiene que volver a la mesa de negociación", comentó el portavoz de CC OO, Emilio Doforno. Los sindicatos entienden que la Xunta utiliza a los funcionarios como instrumento electoral.
