Un día después de que la juez imputase a tres ex altos cargos y a dos jefas de consumo que siguen en su puesto, la Xunta defendió su actuación en la investigación sobre un presunto fraude en los cursos de formación de una trama con epicentro en A Coruña que habría recibido 20 millones de euros, entre fondos autonómicos y estatales. El vicepresidente Alfonso Rueda sostuvo que el gobierno actuó "desde el primer momento" . La oposición exige explicaciones y, en el caso de AGE y BNG, el cese de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato. Los socialistas evitaron coincidir en esta reclamación.
La operación Zeta suma treinta imputados y el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo reivindica su gestión ante la situación creada. Rueda explicó que el único alto cargo nombrado por la actual Xunta cesó en su cargo, en alusión a Odilo Martiñá, exdirector xeral de Traballo, si bien cuando trascendió su dimisión el Ejecutivo aseguró que se debía a motivos personales y lo desvinculó del caso. También están imputados el exjefe territorial de Traballo en A Coruña y exdirector del área de Servicios Provinciales de la Diputación de A Coruña, Luis Alberto Álvarez Freijido, y el exjefe del Servizo de Emprego, Joaquín Vila Sampayo, así como una jefa de servicio del Instituto Galego de Consumo y la directora de área de la Escuela de Consumo.
"A la oposición le molesta mucho que se recuerde que la Xunta fue la primera en inspeccionar la forma de concesión de estas subvenciones y cuando detectó irregularidades lo denunció a la Fiscalía", alegó Rueda. Además, también respondió a las preguntas, citando el sumario, de si Ana María Díaz, directora xeral de Emprego, informó de que habían detectado irregularidades a Azetanet, firma del supuesto cerebro de la trama, Gerardo Crespo, y si Héctor Cañete, presidente de los hosteleros de A Coruña y militante del PP, le habría pedido una reunión al propio Rueda para abordar el caso Zeta. "Ese alto cargo no está imputado. Para juzgar el sumario están los jueces", respondió sobre la primera cuestión. "No me trasladó nada", añadió sobre la segunda.
La oposición elevó la presión sobre el Ejecutivo. El líder socialista, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó las comparecencias en el Parlamento del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y Beatriz Mato, y situó el foco de la trama en el PP, pues aseguró que "lo que se discute es si el partido que gobierna tiene un caso de financiación ilegal", en alusión a los presuntos sobres entregados por Crespo al PP de A Coruña que recoge el sumario. Además, tachó de "mentiras" las explicaciones de la Xunta al recordar que fueron dos extrabajadoras las que primero denunciaron el caso.
AGE y BNG exigieron directamente la cabeza de la conselleira de Traballo. "Si Feijóo no tiene nada que ver, debe comparecer y explicar y la conselleira tiene responsabilidades políticas y, bien sea por acción u omisión, debe cesar", indicó la viceportavoz de los primeros, Yolanda Díaz. Por su parte, Xavier Vence, portavoz nacional frentista", coincidió con sus demandas para saldar así las "responsabilidades políticas del caso".
