La diputada y exportavoz del PPdeG Paula Prado comparecerá mañana ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ha sido citada a declarar en calidad de imputada por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias que habría cometido durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Santiago. Antes que ella, darán explicaciones en el alto tribunal gallego varios testigos que también han sido citados.

La declaración de la parlamentaria popular se produce después de que el pasado mes de septiembre la Sala de lo Civil y Penal del TSXG decidiese abrir una investigación sobre Paula Prado a raíz de las sospechas recogidas en la exposición razonada remitida por la instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara.

Si la juez de Lugo veía cuatro posibles delitos (tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho) en las actuaciones de la diputada durante su etapa como edil de Santiago, el TSXG solo aprecia indicios de dos presuntos delitos: fraude a la administración pública y tráfico de influencias. Los tres hechos que investigará la Sala de lo Civil y Penal son la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo "La abeja Maya" en 2012; su influencia en la contratación de personas en empresas con concesiones del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia local de colocación; y su intervención en la resolución de dos expedientes sancionadores contra un local de ocio.

"No se aprecian por el momento, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sumarial, indicios de delitos en los otros tres hechos que se relatan en la exposición motivada", informaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación a las diligencias tramitadas por la juez De Lara.

Estos hechos descartados inicialmente por el TSXG serían su mediación en la compra de material textil en beneficio de la empresa de su marido por parte de los concellos de Santiago y Boqueixón; su intercesión, fuera de los cauces reglamentarios, para regularizar una toma clandestina de agua con impago del consumo; y, bajo un epígrafe doble, la petición al concejal de Tráfico para permitirle aparcar su coche privado en la plaza del Obradoiro sin que le multaran por ello y por su relación con una subvención concedida a una asociación.

Por ser diputada, un juzgado de instrucción no la puede imputar; de ahí que remitiera la causa al Superior de Galicia. En su argumentación, De Lara sostiene que Prado infló una factura en 3.000 euros por la presentación de "La abeja Maya" "con la sola y exclusiva finalidad de beneficiar" al empresario compostelano Jesús Fuentes, implicado también en adjudicaciones ilícitas de varias concesiones.

La juez también considera que la diputada influyó para contratar a personas "afiliadas o próximas al PP" en empresas concesionarias de obras y servicios municipales, adaptando los currículos a las condiciones del puesto a cubrir. En esta línea, la instructora sospecha que la entonces concejala habría enchufado a alguna persona en la empresa Sermasa, adjudicataria de una escuela infantil en el municipio.

En cuanto al local de conciertos, la juez entiende que Prado intercedió para paralizar dos expedientes por ruidos que podrían haber provocado su cierre.