El Consello de Contas cuestiona el control de la Consellería de Traballo sobre los programas de formación subvencionada en un informe que analiza el año 2010 y que se hizo público ayer. Uno de los protagonistas a lo largo de la memoria es el conglomerado de empresas administradas por Gerardo Crespo, investigadas por fraude en la operación Zeta, cuyo sumario concluye que recibieron unos 20 millones de ayudas al empleo entre 2008 y 2012 de varias administraciones para cursos que en muchos casos ni se celebraban. El informe del ente fiscalizador censura que el departamento autonómico no estableció mecanismos para verificar la asistencia de alumnos a los programas.

La fiscalización especial del Consello de Contas sobre los planes de la Xunta de formación llega en plena convulsión por el levantamiento del secreto de sumario de la operación Zeta y el presunto fraude con ayudas a la formación y la inserción laboral.

La pasada semana, la titular de Traballo, Beatriz Mato, reivindicó que la Xunta actual "fue la primera" en introducir la obligación de inspeccionar los planes integrados de empleo, que combinan asesoramiento, formación e integración. Fue en el año 2011, pero Contas fiscaliza justamente el ejercicio anterior, cuando ya gobernaba el PP."Nunca se había hecho un control presencial hasta la llegada de este Gobierno", recalcó, tras asegurar que el bipartito firmó ayudas por 28,4 millones de euros "sin inspeccionar".

En mayo de 2011 creó un servicio de control y verificación de fondos y, después pidió "más personal" para ese departamento, que se incorporó en septiembre de ese año. Ese equipo, según Mato, fue el que "detectó irregularidades" en cinco empresas, que se remitieron a la Fiscalía.

Sin pruebas

La vigilancia de la realización de los cursos en 2010 no fue, para el Consello de Contas, la adecuada. Los redactores de la memoria señalan que ni siquiera tienen pruebas para asegurar que los cursos se ejecutaron. "En ninguno de los expedientes analizados existen partes firmados por los alumnos que acrediten su asistencia a los cursos y permitan verificar, en una fiscalización como ésta, tanto la evidencia de su realización como el número de los que finalizaron la actividad formativa a los efectos de comprobar si las liquidaciones ofrecidas por la Consellería son las correctas, ya que las liquidaciones dependen de ese número", advierte el ente autónomo gallego.

Entre las sospechas de la Policía Judicial trasladadas al juzgado de Instrucción número 6, figuran que asociaciones y cargos públicos se lucraron con ayudas para cursos destinados a parados o discapacitados, que el empresario Gerardo Crespo creó empresas sin empleados ni actividad para fingir gastos y que llegaron a falsificar la firma de los alumnos para justificar su presencia en las clases. Concluyen además que, para convencer a las empresas subvencionadas por la Xunta que subcontratasen a Crespo para impartir la formación, se les ofrecía de forma irregular una devolución de parte de dichas ayudas.

Opacidad

En este entramado de subcontratas se fija también el Consello de Contas, que ve en esta forma de canalizar el dinero público "riesgos de opacidad", en concreto, para determinar si los costes de los cursos son reales o sobrevalorados.

Contas indica que existe una "elevada concertación" de los cursos por algunos beneficiarios con entidades vinculadas a los mismos, "sin que conste, por lo general, la autorización del órgano de concesión de la ayuda ni tampoco el contraste con los precios del mercado a través de la petición de distintas ofertas", algo que exige la normativa de subvenciones. "De forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de actividades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos", prosigue el informe, que cree que esta situación "ahonda en la opacidad". Como ejemplo, habla directamente del "entorno de" Gecreri, una de las empresas vinculadas al empresario imputado, que presenta "hasta seis entidades distintas vinculadas".

Es más, dadas las evidencias, el Consello de Contas se preocupa de investigar los lazos societarios del grupo y en el análisis de una subvención otorgada a Fundefo (también ligada a Crespo), escribe:_"La contratación con centros de formación se realiza con una empresa vinculada, Gecam Formación, que tiene el mismo administrador que Gecreri, Propuestas Empresariales, Mavilga, Ediciones Transfontao. A su vez Gecreri es administrador de Acada Innovación. El domicilio de Acada Innovación coincide con el de Gerardo Crespo Riestra, presidente de Fundefo, y el domicilio de Mavilga coincide con María Crespo Riestra, secretaria de Fundefo".

En este curso en concreto, para formación en atención especializada para enfermos de Alzheimer en A Cañiza, la beneficiaria de la subvención, Fundefo, no solo subcontrató a Gecam para dar la formación sino que encargó y pagó a Gecreri para realizar el control de calidad de las aulas. El propio Crespo admite en una conversación telefónica intervenida que le preocupa que la Fiscalía actúe porque, al final, "son todo entidades vinculadas por todas partes".