El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña ha condenado a la Subdelegación del Gobierno a pagar unas costas de no más de 700 euros por vulnerar los derechos fundamentales del portavoz del BNG en el Parlamento, Francisco Jorquera. Esta sentencia responde al recurso que había presentado el nacionalista contra la multa de 600 euros que le había impuesto la Subdelegación del Gobierno por haber participado en la concentración que intentó paralizar el desahucio de la octogenaria Aurelia Rey el 18 de febrero de 2013 en la ciudad herculina. La entidad estatal le acusaba de alteración del orden público.

La sentencia anula esta sanción por entender que no hay "una explicación clara, coherente y creíble de la razón por la que no se incluye en el atestado" a Jorquera cuando se producen los hechos y "casi un mes y medio más tarde se le denuncia". El juez dice que es "en todo caso extraño" y que no quedó aclarado en el juicio la razón por la que la Policía Nacional presentó dos situaciones diferentes referidas a los mismos hechos, la del atestado y la de la denuncia "con tanto espacio de tiempo".

Según consta en la sentencia, uno de los agentes declaró en el juicio que no había sido posible identificar a los manifestantes "debido a la algarabía", algo que el juez detecta como un "contrasentido", ya que el mismo agente aseguró que anteriormente había hablado con el portavoz nacionalista.

En la declaración tampoco hizo referencia a un empujón como sí lo había hecho en la denuncia, según recoge el fallo, aunque sí incidió en la idea de que Jorquera era la "cabeza visible en su condición de representante político y que animaba con gritos para impedir el desahucio".

Sin embargo, no se precisaron en ningún momento ni los gestos ni las palabras pronunciadas por el parlamentario, por lo que el juez concluye que esa "falta de explicación y concreción" le impide valorar la provocación. Así como tampoco puede hacerlo sobre la conclusión a la que la Policía Nacional llegó de que Jorquera era el "cabecilla" de las 200 personas que se habían concentrado ante el portal de la octogenaria para tratar de impedir su desahucio.

La Subdelegación recurrirá la sentencia porque existe un precedente condenatorio, el del secretario confederal de la CIG, Paulo Carril, al que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 condenó a pagar la multa de 600 euros que le había impuesto la Subdelegación por haber participado también en los actos de protesta contra el desahucio de Aurelia Rey.

Sobre este mismo proceso se han practicado ya dos recursos más, el del bombero Roberto Rivas, que se negó a participar en el desalojo, y el del portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, Xosé Manuel Carril, ambos acusados también de alteración del orden público.

Francisco Jorquera denunció ayer que el Estado español coacciona a los manifestantes a través de multas.