Las empresas y entidades que dirigía Gerardo Crespo a veces recibían directamente las subvenciones de las administraciones para organizar cursos de formación, pero en otras ocasiones eran subcontratadas por otras asociaciones adjudicatarias de las ayudas para ejecutar los programas para desempleados. Captar a esos clientes era prioritario para sus compañías. Crespo, según las declaraciones y los documentos que constan en el sumario, trataba directamente con sus principales clientes, entre los que figuran el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) de Galicia y asociaciones de hosteleros, entre otros. Pero, para conseguir aumentar el mercado, contaba con la colaboración de sus empleados, entre ellos un comercial que prestó declaración ante la Policía Judicial.

El trabajador aseguró que sus funciones las desempeñaba "a las órdenes" de Crespo y que una de sus tareas "habituales" era ofrecer porcentajes "de devolución o retorno" del dinero de las subvenciones. La práctica, según consideran probado los investigadores del caso, era que el imputado pagase a las asociaciones que lo contrataban para realizar cursos "fantasma" parte del dinero de las ayudas que salían de las arcas públicas. Tanto el comercial interrogado como otros implicados que testificaron ante la Policía Nacional aseveraron que en el sector de la formación es "habitual" ofrecer a los clientes un porcentaje de la subvención.

De hecho, según sus testimonios, en ocasiones son las propias entidades las que solicitan los pagos a las empresas que contratan para llevar a cabo los cursos para desempleados. El comercial relató ante los funcionarios que la competencia de Azetanet, la consultoría de Crespo, "solía ofrecer un 25%", por lo que su jefe daba "un poco más con la intención de captar más clientes". Como "norma general", el máximo que podía ofrecer era "un 30%". El empleado indicó que era el encargado de definir el porcentaje de retorno que se podía pactar, aunque matizó que desconoce "la forma en que se devolvía el dinero". Durante su declaración recalcó que la formación "se ejecutaba", aunque reconoció que la calidad "se resentía" debido a los pagos, que les obligaban a operar "con muy poco margen presupuestario".

"Gerardo no ocultaba nada y era natural hablar de porcentaje dado que lo entendía como legal", manifestó, al tiempo que admitió que en Azetanet se priorizaba "el beneficio económico y no la ejecución de la formación". La Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), dirigida por Eliseo Calviño, también imputado en la operación Zeta, fue "uno de los primeros clientes relevantes" que tuvo Crespo, según el trabajador, quien recordó que se había negociado con esa entidad una devolución de un 50%. El secretario de Caype era otro de los siete imputados en el caso, Francisco Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. "Con ese porcentaje era casi imposible realizar correctamente la formación recibida, por lo que se tuvo que volver a negociar al año siguiente, bajando al 40% o 45%", afirmó el comercial, quien sostuvo que recuerda que Crespo hablaba de retornos "a favor de Hostelería Coruña y del sindicato USO Galicia".

En la denominada "caja B" del empresario figuran, además de dos pagos al PP por importe de 17.000 euros, y a altos cargos de la Xunta, abonos a asociaciones de hostelería por importe de 82.482 euros; al presidente de la Federación de Vecinos Salvador de Madariaga, Juan Sáenz-Chas (18.082 euros); y al sindicato USO Galicia (13.000 euros), entre otras entidades. Sáenz-Chas reconoció en su declaración que recibió dinero de Crespo, pero alegó que fue para un "asunto personal" y que el imputado, que es "su amigo desde la infancia" no le pidió que se lo devolviese porque siempre fue "una persona muy generosa".