La juez Estela San José ha cerrado la instrucción de la operación Campeón tras cuatro años de investigación sobre una trama de obtención irregular de subvenciones públicas que giraría en torno al empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo. Estas prácticas alcanzaron de lleno al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), el ente encargado de conceder y tramitar las ayudas. En su auto de conclusión, que ahora ha sido entregado a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral y determine a quién acusa, la juez imputa a once personas, de las que dos son ex altos cargos del Igape, Joaquín Varela fue director xeral y Carlos Silva ocupó la subdirección xeral de Información, mientras que Cristina Quintela continúa en el mismo puesto, al frente dirección del área de Financiación.

Los principales delitos que se imputan son contra la hacienda pública, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y negociación prohibida a funcionarios. Como centro de la trama estaría la farmacéutica Nupel, propiedad de Dorribo, que contando con la colaboración de directivos del Igape habría maniobrado de forma irregular para acceder a subvenciones públicas, como un millón de euros concedidos por el Igape que finalmente no se pagó, y la gestión, también del Igape, para conseguir un préstamo por casi tres millones de euros ante el Banco Europeo de Inversiones.

En sus declaraciones, Dorribo había implicado en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al exministro de Fomento José Blanco; y a los exdiputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos parlamentarios dimitieron y José Blanco -ahora eurodiputado- tuvo que prestar declaración como imputado, pero el Tribunal Supremo archivó en 2013 la causa abierta por su supuesta implicación al no encontrar indicio alguno de delito.

Pablo Cobián sí aparece en el auto de conclusión de la Campeón imputado por tres supuestos delitos, dos contra la hacienda pública -uno de ellos en grado de tentativa- y otro por tráfico de influencias. Como consecuencia de la operación, se formaron otras piezas, entre ellas una por la presunta intervención irregular del exconselleiro de Industria en el bipartido, Fernando Blanco (BNG), que fue derivada a otro juzgado.

Pero el que encabeza la lista de irregularidades es Jorge Dorribo Gude, como cerebro de la trama. La juez considera que cometió hasta once delitos: cuatro contra la hacienda pública, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, falsificación de certificado, cohecho, blanqueo, contable e insolvencia punible.

Para acceder a las subvenciones, según el auto, Dorribo se valió de socios suyos en otra empresas y de otras firmas que se prestaron al juego, así como de trabajadores, para idear una trama con la que acceder a las ayudas falsificando facturas, documentos contables o tasaciones y así intentar salvar de la quiebra a Nupel. Así, por esta razón figuran imputados, como autores o como cooperadores necesarios, Arsenio Méndez (por cinco delitos), Carlos Monjero (4), Javier Rodríguez (4), Araceli González (4), Marcos Iglesias Prieto (1) e Isabel Fernández (1).

En el funcionamiento de la trama también jugaron un papel muy activo el exdiputado del PP Pablo Cobián, por su mediación, y los directivos del Igape, que dejaron el camino libre de trabas para conceder las subvenciones. "En la instrucción se ha evidenciado que es través de estas relaciones personales y profesionales como se fueron allanando obstáculos legales, incumpliendo condiciones que fueron obviadas por los responsables administrativos y ocultando datos que de haberse conocido hubieran imposibilitado la concesión ya del préstamo ya de la subvención", se recoge en el auto. También se dice que varios funcionarios del Igape alertaron a sus superiores de las irregularidades, pero que no le hicieron caso.

A Joaquín Varela, que fue apartado de la dirección general del Igape, la juez le imputa cuatro supuestos delitos: contra la hacienda pública en grado de tentativa, tráfico de influencias, contra la hacienda pública y negociaciones prohibidas. A Carlos Silva, que primero fue sustituido en el cargo a petición propia y luego despedido por realizar un seguimiento de los expedientes de subvenciones a empresas en las que tenía intereses, se le imputa negociación prohibida. Y a Cristina Quintela, que sigue en Igape, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.