Varela: "Los casos de corrupción necesitan equipos especializados"

-Galicia registra un delito de corrupción cada dos días. ¿Es la comunidad gallega más corrupta que el resto del Estado?

-Existe corrupción obviamente, sin embargo debe ser rechazada cualquier afirmación simplista y generalizada. La Fiscalía formuló el año pasado 26 escritos de acusación [asuntos que serán llevados a juicio] en relación a delitos relacionados con la corrupción. De este dato solo podemos concluir un aumento importante, de casi el 45%, de las calificaciones, pero no una tendencia incontable y generalizada. Hay comunidades donde abundan más los casos de corrupción. En Galicia las áreas de contratación pública y de concesión de subvención son las que presentan mayor riesgo de corrupción. Lo importante es reaccionar a tiempo, informar cuanto antes a la Fiscalía para evitar prescripciones o que los procesos se dilaten demasiado en el tiempo. Desde que la supuesta comisión de estos delitos ocurre hasta que son llevados a juicio y son sentenciados transcurren de cinco a seis años.

-Horas de escuchas telefónicas, seguimientos, registros, jueces, fiscales y abogados volcados en los procesos, decenas de imputados... Dos operaciones anticorrupción han sido anuladas por fallos en la instrucción: el caso de las multas de tráfico en Lugo y la operación Rei de supuesta prevaricación en el concello de Castro de Rei. ¿Un error puede dejar en nada una investigación de años?

-El investigado está protegido frente a la utilización de pruebas ilegalmente obtenidas en su contra. La realización de la Justicia no puede ser perseguida con un intolerable sacrificio para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si esto ocurre, las consecuencias son la nulidad irreversible de las pruebas. Se asume esta consecuencia como límite infranqueable al descubrimiento de la verdad material.

-¿En qué se basará el recurso de la Fiscalía para tratar de dar la vuelta al fallo da Audiencia de Lugo que invalida las dos causas?

-El recurso de la Fiscalía se centrará en que no se produjo una vulneración del derecho fundamental al "juez ordinario predeterminado por la ley". Así, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Lugo era competente tanto por razón de la materia como por razón del territorio para conocer la causa que fue juzgada por la Audiencia de Lugo. La indebida acumulación de procesos apreciada por Audiencia de Lugo no tuvo como efecto ni alteración real del órgano instructor (juzgados de Lugo), ni el del canal procesal, (procedimiento abreviado) ni el órgano judicial (Audiencia Provincial). No habría así, a nuestro entender, alteración de normas de competencia que son las únicas que pueden provocar la lesividad para el derecho fundamental invocado.

-Bajo esta premisa ya se logró dar la vuelta a sentencias que anulaban procesos por defecto de forma en otras comunidades.

-Sí, ya se revocaron sentencias dictadas por distintas Audiencias provinciales por esta inadecuada apreciación. En el recurso se hace referencia a varias resoluciones del Tribunal Supremo en esta misma línea argumental.

-¿Qué pasará si el Supremo concluye que no se puede anular la instrucción de ambas causas y los procesos deben continuar?

-Lo que se pide al Supremo es que declare la nulidad de la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo y le ordene reponer las actuaciones al momento del dictado de la sentencia, con el fin de evaluar las diligencias de prueba indebidamente declaradas nulas para que puedan ser utilizadas, en el juicio oral, por la Fiscalía. Es decir, si el Supremo acepta el recurso del Ministerio fiscal, el juicio del caso de las multas tendría que repetirse.

-Con la anulación de casos tan importantes como estos, la sensación que tiene la ciudadanía al final es que no hay Justicia.

-La Justicia debe velar por el respeto a las normas del debido proceso. Entre esas reglas está el derecho al juez predeterminado por la ley. Si este derecho fue o no vulnerado, en este caso concreto, lo determinará el Tribunal Supremo al pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. Habrá justicia, aunque se retrase el proceso. Será necesario mejorar los tiempos de respuesta ya que cuanto mayor es el intervalo de tiempo entre el hecho y la aplicación del derecho por los tribunales, menor es la confianza en una decisión justa.

-¿La invalidación de casos tan importantes por errores en la instrucción desacredita el sistema judicial?

-El Ministerio Fiscal, consciente de la ausencia de conexión entre la trama de las multas y el delito inicialmente investigado, solicitó en tres ocasiones el desglose y remisión del primer asunto al juzgado decano para reparto. Finalmente, no sin reiteración, la petición fue atendida casi cuatro años después de solicitarlo. A partir de ese momento se produce el desglose y la creación de un nuevo proceso, pero sin enviar al juzgado decano para reparto, que fue asumido por el mismo juzgado. Si se hubiese actuado con la diligencia debida no estaríamos en las circunstancias actuales que, sin duda, repercuten en el prestigio de la Justicia por no haber resuelto de manera acertada el problema en cuestión.

-Los jueces que se exceden en sus competencias y ponen en riesgo instrucciones importantes, ¿son amonestados?

-El control del juez se realiza por dos vías: la del recurso y la vía disciplinaria. Este tipo de comportamiento no beneficia al sistema judicial por lo que es muy importante que el juez realice bien su trabajo para no comprometer la credibilidad de la Justicia. A la vía disciplinaria se suele recurrir una vez concluya el proceso y queden evidenciadas las faltas que pudieran haberse cometido y que estén tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

-Comportamientos de este tipo ¿están tipificados como faltas?

-Hay que esperar a que el Poder Judicial se pronuncie. Hay faltas tipificadas que tendrán que ser valoradas por el titular de la acción disciplinaria que tiene el CGPJ, a través de una queja de una persona que pueda verse afectada. Este tipo de comportamientos por parte de los jueces contribuye al desprestigio del sistema judicial y al descrédito de la Justicia. Cuando no se hace bien el trabajo evidentemente produce frustración en la sociedad. Por no realizar bien ese trabajo no hay una Justicia eficaz.

-¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos sobre los casos de corrupción? ¿Faltan códigos éticos y planes de prevención en las administraciones?

-Hay una evidente constatación de que los órganos encargados de supervisión y control no funcionaron correctamente. Este es el punto crítico. En muchos casos la fiscalización externa se centra sobre todo en cuestiones formales, en vez de analizar la buena gestión de las cuentas públicas. En el ámbito de la prevención es importante que las acciones no se resuman en la adopción de códigos deontológicos genéricos a modo de meras cartas de intenciones, sin incorporar mecanismos que garanticen su efectiva aplicación, seguimiento y control.

-¿Qué órganos de control no funcionan de manera correcta?

-Debería reforzarse el papel de los secretarios de administración local e interventores. Estas figuras están debilitados y tienen dificultades para ejercer esa función. Deben poder realizar su función de manera independiente, sin ser perturbados en el ejercicio de esa función de control y así poder hacer las advertencias de ilegalidad cuando aparezcan sin que esto les acarree consecuencias ni se arriesguen a represalias por no hacer informes a medida del alcalde. No tiene sentido que tengamos cuerpos de control y de inspección y que no hagan sus funciones.

-¿Es suficiente el Consello de Contas para controlar las irregularidades que se puedan cometer en una administración?

-Hacen falta otros mecanismos. Hacen falta personas que den cuenta si se produce esa situación de riesgo. Si esto está protocolizado, es mucho mejor.

-La semana pasada propuso la creación de un órgano especializado en el TSXG que asumiese los megaprocesos complejos y así evitar anomalías en la instrucción que deriven en su anulación. ¿Cómo redundaría este cambio en la eficacia de la Justicia?

-Se trata de una aproximación a un nuevo modelo de intervención por parte del Ministerio fiscal y de los tribunales para abordar el combate a los delitos complejos, con especial referencia a la criminalidad económico-financiera, la criminalidad organizada y los comportamientos corruptos. Este combate requiere recursos periciales y policiales especializados que tienen que ser concentrados en un determinado órgano fiscal y judicial. En este sentido, tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior serían las centralidades a las que se adscribirían estos recursos. Podrían asumir, así, el tratamiento de este tipo de criminalidad complejo en un nuevo marco legal y competencial. Eso sí, con dotación de los adecuados medios personales y materiales.

-Visto lo que o ocurrió con la trama de las multas de tráfico en Lugo y la operación Rei, el caso Pokemon, la mayor causa de corrupción destapada en Galicia, ¿también podría acabar siendo invalidado?

-Dependerá de si se produjo vulneración de derechos fundamentales en el transcurso de la investigación. En el caso de la Pokemon se requirió

que se hicieran piezas separadas para evitar la formación de megaprocesos y en algunas actuaciones se hicieron.

"Espero que en un año el Supremo dicte sentencia sobre el 'Prestige"

• -Este verano, el Supremo pidió a la Audiencia de A Coruña que notificara a la aseguradora del Prestige la sentencia. ¿Cómo afectará esto a deliberación del Alto Tribunal sobre los recursos presentados al fallo?. -Se dará un plazo para la notificación y si en ese periodo no se consigue, se dará por notificada, como ocurrió con el capitán.El tiempo de respuesta del Supremo estaba en un año, pero ha mejorado. Como tope, espero que en un año dicte sentencia.-Habrá que esperar entonces al menos hasta el 13º aniversario de la catástrofe para cerrar el proceso.-Sería un buen aniversario?-El Prestige es un ejemplo de la lentitud de la Justicia. ¿Donde hai que incidir para que mejoren los tiempos de respuesta?-Hay que acometer reformas procesales, establecer nuevos mecanismos y protagonismos en el acceso a la Justicia, nuevos modelos organizativos y de gestión, así como la incorporación de las nuevas tecnologías. Son algunos de los aspectos en los que hay que incidir para cambiar el actual modelo de Justicia.-Gallardón implantó nuevas tasas judiciales ¿Son desproporcionadas y deben ser reducidas? -El nuevo ministro de Justicia se comprometió a revisarlas para que sean más justas y proporcionadas.-Rafael Catalá también se propone tumbar la reducción de partidos judiciales que planteó Gallardón. ¿Deben reducirse los actuales partidos judiciales y limitar a las ciudades los tribunales de instancia?-Puede haber compatibilidad y complementariedad entre el modelo de concentración y el de justicia de proximidad. Esta compatibilidad sería posible definiendo las competencias que deben ser concentradas en los tribunales de instancia, donde la palabra clave será la especialización. Así como cuáles son las competencias que pueden quedar en la justicia de proximidad. Esta reorganización permitiría la permanencia de determinados partidos judiciales. Eso sí, con bases territoriales más amplias y más dimensionadas, que, en consideración a su importancia estrategia, al desperdicio de recursos que implicaría su eliminación, las dificultades de comunicación o la distancia con la capital urbana, pudiesen conservar competencias genéricas, civiles y penales, no atribuidas al tribunal de instancia.

"Concurriré a un tercer mandado en la Fiscalía gallega"

• -Finaliza su segundo mandado en la Fiscalía. ¿Aspira a un tercero?-Sí, concurriré a un tercer mandato sobre la base de una rendición de cuentas con muchos objetivos materializados y con renovadas propuestas para el futuro.-¿Qué retos se marca?-A partir de experiencias concretas que tuvimos como el Prestige o las preferentes, me gustaría tener instrumentos legales para, si nos pasa de nuevo, lo resolvamos de mejor forma. En el caso de las preferentes, necesitamos un proceso civil de carácter colectivo para que los conflictos de masa se resuelvan de manera global. En el tema medioambiental, los temas más graves deben ir por la vía penal pero no podemos fiarlo todo a esta vía. Por ello, creo que la Fiscalía debería tener mecanismos resarcitorios de carácter civil.