El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, declaró ayer durante hora y media ante los fiscales especializados en delitos económicos Augusto Santaló y Jesús Calles, en relación a los sobrecostes del estadio de fútbol Pasarón. Una declaración "minuciosa" y con "numerosos detalles", según indicaron fuentes del Ministerio Público, en la que también estuvo presente el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro. En ella, Louzán insistió en que todos los acuerdos adoptados por el Gobierno de la Diputación y que provocaron que se disparase el precio de la obra (fue adjudicada por 7,5 millones y acabó costando 17,9) contaron con los correspondientes informes favorables, "todos ellos conformes a la legislación, no constando ningún reparo suspensivo" por parte de los técnicos.
Louzán también recordó que "todos los acuerdos de adjudicación y reformados fueron acordados por unanimidad de la corporación provincial y también por la municipal de Pontevedra, es decir, de PP, BNG yPSOE, partido este último ahora denunciante".
La del presidente de la Diputación fue la primera de una ronda de comparecencias en las que fueron interrogados otros ocho miembros de las distintas juntas de gobierno de la Diputación durante la tramitación del proyecto de Pasarón (entre 2003 y 2013) y que aprobaron, con Louzán a la cabeza, los sucesivos modificados que fueron necesarios para finalizar la construcción del nuevo estadio.
El fiscal jefe de la provincia matizó que estas diligencias -abiertas a raíz de la denuncia presentada por el concejal socialista de Deportes en Pontevedra, Agustín Fernández- investigan un posible delito de prevaricación en la adjudicación de las obras, pero que todavía se encuentran "en una fase muy incipiente", por lo que no se puede hablar "ni de imputados ni querellados" por parte de la Fiscalía. Los nueve cargos y excargos de la Diputación que declararon ayer son el presidente Rafael Louzán, el vicepresidente, José María Figueroa; Teresa Pedrosa (vicepresidenta del ente en el anterior mandato); Enrique Sotelo, Xosé Crespo, José Balseiros, Jesús María Vázquez Portela, Salvador González y José Juan Durán, actual presidente de Portos de Galicia. Los nueve declararon en calidad de "testigos investigados" y con asistencia letrada.
Una comparecencia en la que tanto Augusto Santaló como Jesús Calles insistieron, según el propio Louzán, en pedir explicaciones sobre las "motivaciones" de los continuos reformados que sufrió el proyecto, precisando Louzán que no disponía de la capacidad técnica para valorar esos cambios, algo que ya hicieron "los técnicos y la dirección de la obra" que sí tienen esas atribuciones y que ya declararon ante la Fiscalía el pasado julio.
Louzán insistió en esgrimir el aval de los informes técnicos para defender los once años de desarrollo del proyecto: "En una tramitación tan larga hay subsanación de pequeños defectos de forma, pero reparos suspensivos no los hubo en ningún momento, no consta en ningún documento ni de viva voz, así como tampoco advertencia alguna de esta supuesta prevaricación si es que se puede entender como tal". Sí reconoce que "lo único que consta es que hay un informe desfavorable, no vinculante, del Consello Consultivo, que llegó cinco meses después de haberlo solicitado".
Precisamente, una de las cuestiones que más sorprendió inicialmente a los fiscales que investigan este caso fue la presencia en el expediente de este informe del Consultivo contrario a una de las modificaciones presentadas al proyecto, la más relevante por su cuantía económica dado que incluía la ampliación de las viseras de los graderíos y que se calificó como "imprevisto" frente al proyecto inicial.
