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Las cuentas de los ayuntamientos

Alcaldes duplican la inversión en obra pública antes de los comicios

El recorte en gastos corrientes y los mayores ingresos les permiten reactivar las licitaciones

Tras años de recortes los concellos gallegos dieron en 2014 un fuerte impulso a la inversión en obra pública. Solo durante el primer semestre las cifras de licitación de la administración local se dispararon un 89 por ciento, casi el doble de lo invertido en el mismo periodo de 2013, y alcanzaron los 90 millones de euros. De hecho es el mayor incremento registrado en la última década, con la única salvedad del año 2009 cuando el Gobierno de Zapatero insufló fondos a los ayuntamientos a través del Plan E. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entidad que vigila a las administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, apunta "a la cercanía de los próximos comicios municipales", previstos para mayo de 2015, como una de las razones que explican este incremento en la inversión pública.

Esta entidad independiente en su último informe sobre los presupuestos de las administraciones públicas constata un aumento de los gastos de inversión de los ayuntamientos en todo el territorio español durante los seis primeros meses de 2014 y advierte que "la tendencia es que hasta fin de año sigan creciendo".

Las cifras de la patronal de la construcción, Seopan, confirman este aumento de la inversión pública de las entidades locales. En Galicia entre enero y junio se sacaron a concurso obras por 90 millones de euros. El incremento fue muy superior al aumento del 56 por ciento registrado en 2013, primer año en el que las entidades locales reactivaron la licitación tras los recortes a los que se vieron obligados por la crisis.

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Aunque estas obras se licitaron a principios de este año, se adjudicarán y empezarán a ejecutarse probablemente en vísperas de unos comicios municipales que estarán especialmente reñidos por la fragmentación de la izquierda y el miedo del PP a perder mayorías absolutas. Los populares intentaron incluso impulsar una reforma electoral para que gobernara el alcalde más votado -iniciativa que quedó aparcada por falta de consenso para sacarla adelante- y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, instó a los suyos en una reunión interna a acercarse a otras formaciones como UPyD para tratar de consolidar mayorías estables tras las elecciones.

Los ayuntamientos gallegos afrontarán los próximos comicios más desahogados tras ser obligados durante dos años a acometer duras medidas de ajuste para equilibrar sus cuentas. En 2013 lograron un superávit de 200 millones de euros. Las inversiones cayeron a niveles mínimos y se metieron las tijeras a los gastos corrientes.

Pero además el Ministerio de Hacienda amplió el plazo a los municipios para que devuelvan las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Y la Xunta les acaba de dar también un respiro a los concellos gallegos al rebajarles un 10 por ciento el canon que tienen que pagar por llevar la basura a Sogama.

A esto hay que añadir una mayor previsión de ingresos para los concellos. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal prevé que los municipios recauden un 3,7 por ciento más en impuestos, en especial el que más subirá será el Impuesto de Bienes Inmuebles, con un incremento del 4,9 por ciento.

Con sus cuentas más aliviadas, los concellos podrán volcarse de nuevo con las inversiones en obras públicas. La entidad fiscal no cree que este incremento del gasto que acometerán los ayuntamientos en vísperas electorales comprometa sus planes de estabilidad presupuestaria para el próximo año. No obstante, "su contribución al objetivo del conjunto de las administraciones públicas se verá reducida". De hecho, en 2013 el superávit de los municipios ayudó al Gobierno a ajustarse al objetivo de déficit compensando así la desviación de algunas comunidades.

El Gobierno prevé además que la reforma local genere unos ahorros de 1.600 millones de euros en España. Sin embargo, la Autoridad Fiscal advierte que normas interpretativas como la que se aprobó en Galicia, en la que se mantienen las competencias a los concellos, podrían poner en riesgo ese objetivo.

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