El Tribunal Supremo decidirá si investiga el presunto cobro de sobornos por parte del senador y líder del PP lucense José Manuel Barreiro y el posible enchufe de un afín en el grupo Vendex. La juez Pilar de Lara que instruye el caso Pokemon, la macrocausa que analiza pagos a políticos a cambio de concesiones municipales y favores, ha enviado una exposición razonada al Alto Tribunal para que decida si imputa al cargo popular, en su condición de aforado, por la comisión de presuntos delitos de cohecho, como había anunciado ya, y también por tráfico de influencias.

El pasado mes de septiembre, la magistrada había ordenado recopilar todos los datos acerca del dirigente, como los pinchazos telefónicos en los que aparecía nombrado, para remitirlos al Supremo. El pasado día 10, firmó la exposición razonada rumbo a este tribunal para que proceda a su imputación.

Basándose en las escuchas telefónicas y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, De Lara sospecha que Barreiro recibió 5.000 euros de manos de José María Tutor, mano derecha del dueño de Vendex en Galicia, la firma nuclear del caso Pokemon, por frenar las críticas del PP lucense a la concesión de la ORA, en manos de una filial. Además, sospecha que enchufó a Fidel Pereiro en esa empresa -DOAL- en 2012, donde sigue trabajando.

En su escrito, la juez reconoce que la propia Fiscalía admite "lo frágil de las conclusiones" sobre el cobro del soborno, pero ambos coinciden en la necesidad de que Barreiro, exvicepresidente de la Xunta junto con Alberto Núñez Feijóo en la última legislatura de Manuel Fraga, preste declaración en calidad de imputado.

La juez sitúa los hechos investigados en 2011. El 20 de mayo considera probado el encuentro entre Barreiro y José María Tutor, de Vendex, que en su declaración, incorporada al escrito enviado al Supremo, reconoce querer tratar las críticas del PP lucense a la concesión de la ORA.

De Lara reconoce que "no existe prueba directa" del pago de 5.000 euros, "lo que por otra parte es lógico y habitual tratándose de un delito de cohecho", alega antes de argumentar la necesidad de encuadrar el encuentro en un contexto de llamadas y modus operandi de Vendex consistente en pagar sobornos y enchufar "recomendados" para lograr favores políticos.

De Lara se basa en varios indicios para sostener su tesis, pese a "lo frágil de las conclusiones por el momento" que advierte la Fiscalía, que, aun así, informa positivamente del envío al Supremo de la causa. En primer lugar, la reunión se celebra cuatro días después de que Tutor reuniese dinero supuestamente para realizar la "ruta del bacalao" por varias ciudades, en alusión al presunto pago de sobornos. De hecho, un fax entre él y Gervasio Rolando Rodríguez, dueño de Vendex, recoge anotaciones por 47.000 euros con destino a varios cargos políticos de PP, PSOE y BNG.

Los investigadores vinculan la cita del 20 de mayo de 2011 con el citado fax en que aparece una anotación que podría corresponder a Barreiro con dos cifras: 6.000 y 5.000 euros. La investigación cree que se abonó esta última cantidad. Un pinchazo telefónico recoge a Tutor diciéndole a alguien de Vendex que llevará a Barreiro "el mismo informe", lo que para los agentes de Vigilancia Aduanera supone "entregas de dinero". "Asunto resuelto", le dice Tutor a José María Reguera, hombre de Vendex en Lugo.

Además, la juez estima que el dinero podría haber ido a parar al bolsillo de Barreiro, pues no consta un movimiento de esa cantidad en la contabilidad del PP. El senador ha negado en todo momento haber recibido ningún dinero.

El caso queda ahora en manos del Supremo, cuya decisión podría afectar al estatus de Barreiro, y tendrá que decidir si admite a trámite el caso o lo tumba. De apostar por la primera opción, lo más probable sería que lo imputase.

El PPdeG entiende que un diputado debe poner su cargo a disposición en caso de que se produzca una imputación y dimitir si se abre un juicio oral.