La actualización por la vía rápida del valor de las construcciones en 65 concellos el próximo año, con la correspondiente mayor cuota por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que tendrán que pagar los titulares de las 241.000 propiedades urbanas afectadas, es solo la punta del icerberg de la galopante metamorfosis que la tasa experimentó durante la grave crisis económica. Durante la doble recesión y el estallido de la burbuja inmobiliaria. En el mercado, los precios del ladrillo se desplomaron. Para la administración local, el gravamen más vinculado a la vivienda está aportando ingresos históricos, fruto de los "catastrazos" con la decisión del Gobierno central de incrementar los tipos como antídoto a la asfixia financiera de los municipios y de las propias valoraciones de los edificios, tanto a través de ese mecanismo automático -la aplicación de un coeficiente de hasta el 1,13- como de las llamadas ponencias que radiografían a fondo una ciudad. Los dos factores explican que, pese a la agonía en la promoción inmobiliaria, la mitad de los ayuntamientos gallegos acumulen desde 2008 un incremento disparado de la recaudación por IBI, superior al 50%.

Como ya avanzó FARO, la aportación del IBI urbano en toda la comunidad ascendió el pasado 2013 a 465,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año anterior y un 43,6% -141,4 millones- sobre las cantidades en las que se movía el impuesto antes del parón económico. ¿Cuánto de esta variación se debe a la extensión natural del parque inmobiliario en los últimos cinco ejercicios? Solo en el caso concreto de algunos municipios, aquellos que pasaron por una actualización y en los que se rastrearon bienes ocultos. En general, el alza de la conocida popularmente como contribución fue en ese mismo periodo de solo un 12,2%, hasta los 2,5 millones de recibos. La principal clave es la presión fiscal aplicada por los municipios y la subida decretada por el Gobierno central -todavía en prórroga- y las renovaciones del valor.

Lo que explica, además, que las diferencias entre los 314 municipios de la región sean tan abultadas, como reflejan las estadísticas detalladas que acaba de publicar el Catastro. Entre esos 155 que saltan la barrera del 50% en el aumento de la recaudación del gravamen, hay un grupo de 40 que incluso registran subidas superiores al 100%.

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El ayuntamiento pontevedrés de Barro pasó por una revisión en 2013. Los ingresos por IBI se situaron en 444.123 euros, un 311,1% más que en 2008, pese a que entre ambos ejercicios el tipo del impuesto se redujo del 0,4% al 0,3%. En su caso sí que hay una oscilación muy parecida en el número de recibos, que se multiplicaron por tres. Coincidiendo con la ponencia de valores del Catastro, posiblemente por el rastreo de inmuebles no declarados, los 1.800 titulares que había en 2012 pasaron a 4.426. La historia se repite en Valga, que también pasó por una actualización de valores en 2013 y obtuvo en cinco años un 270% más por IBI.

Los incrementos porcentuales de tres dígitos se dan, sobre todo, en municipios de mediano y pequeño tamaño en la comunidad. Los que menor margen de maniobra suelen tener para animar sus presupuestos. En las ciudades gallegas más pobladas, en cambio, las variaciones de la recaudación del IBI son mucho menos cuantiosas. Solo Vilagarcía de Arousa supera la media, con un alza del 50,6%. El aumento en Santiago de Compostela fue del 41,9%; del 40,4% en Ferrol; un 37,4% en A Coruña; el 34,4% en Ourense; casi un 28% en Pontevedra; y un 25,4% en Vigo. Entre las ocho suman un tercio de los recibos del IBI en la región.