La Asociación de Usuarios de la AP-9, final de trayecto se propone captar dos mil socios, el 2% de los usuarios de la Autopista del Atlántico. "Buscamos adeptos no para protestar y pitar, sino para actuar ante el abuso de Audasa", explicaba ayer Alberto Figueira Rodríguez, el portavoz de la nueva asociación que se propone reclamar ante el Tribunal Supremo la nulidad de la prórroga de la concesión de la AP-9 y también la devolución de peajes cobrados desde que se acordó la ampliación de la concesión en agosto de 2012. "Queremos que la titularidad de la autopista vuelva a manos del Estado", defiende Figueira Rodríguez.
"Hemos encontrado un resquicio legal para pedir la nulidad de la concesión porque la ampliación de la concesión, ahora hasta 2048, no se hizo por concurso público", explica el portavoz de la asociación, que en enero presentará ante el Ministerio de Fomento la reclamación administrativa, requisito previo para luego trasladar la demanda al Supremo, lo que prevén hacer en febrero.
El nuevo colectivo considera que con 2.000 socios contaría con capital para la batalla judicial, un litigio "difícil, pero no imposible" , asevera el empresario de Combarro, Alberto Figueira, quien recuerda que en el caso del transporte de la Ría de Vigo una sentencia europea obligó a anular la concesión pública y monopolística otorgada por la Xunta a una compañía.
También subraya que fue un sevillano a título individual el que logró vía sentencia que ahora los matrimonios pueden presentar declaraciones de la renta por separado o que fue la denuncia de un transportista sobre el céntimo sanitario la que avocó a su anulación y devolución."Nos enfrentamos a un oponente enorme, el Estado, pero hay que intentarlo", remarca el portavoz del nuevo colectivo, que promociona su iniciativa con una página web (recuperatupeaje.com) y con pegatinas y camisetas que venderá para recaudar también fondos.
La iniciativa de intentar la nulidad de la concesión y el reintegro de peajes parte de "un grupo de empresarios, abogados y ciudadanos particulares hartos del abuso de la AP-9", explica Figueira Rodríguez. Tras dos años de estudio y tantear las posibilidades de éxito, deciden dar un paso adelante, constituir la asociación y preparar la demanda que presentarán a comienzos del próximo año.
Los ciudadanos que decidan formar parte de esta iniciativa deben hacer frente a un pago único de 30 euros en caso de un particular, 300 euros si se trata de una empresa con entre un y cuatro empleados usuarios habituales de la AP-9 y tres mil euros para las empresas con más trabajadores que utilicen la autopista. En caso de ganar ante la Justicia y conseguir el reintegro de los peajes, el 15% de la cantidad recuperada se la quedaría el despacho de abogados que llevará el caso, bufete Gándara Moure S.A. "Son las tarifas habituales en casos así", explica Figueira Rodríguez, quien añade: "Pedimos 30 euros, la mitad de lo que paga al mes un trabajador que se desplaza de Vigo a Pontevedra por trabajo cada semana".
