Miembros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes del Baixo Miño han acudido este lunes al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra para presentar 22 recursos, para continuar por la vía judicial reclamando la retirada de las multas impuestas al colectivo.
Al terminar la entrega en el Registro, medio centenar de miembros de esta plataforma llevó a cabo una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. "Para mostrar nuestra repulsa a estas sanciones arbitrarias impuestas con la intención deamedrentar e intentar eliminar este movimiento social que les resulta molesto", ha dicho Xulio Vicente, portavoz de esta plataforma.
"Reclamamos justicia porque nosotros no somos unos delincuentes", ha afirmado Vicente, que se mostró "convencido" de que el presidente de la Diputación y del PP provincial de Pontevedra "está detrás de todo esto".
Este lunes se presentaron reclamaciones contra unas multas que en conjunto superan los 10.000 euros. "Pero ya presentamos nueve recursos más que son cinco mil euros y nos quedan otros tres mil euros que se recurrirán próximamente", ha precisado.
Las sanciones fueron impuestas a personas de Tui y O Rosal por concentración ilegal y resistencia a la autoridad, indicó el portavoz de la Plataforma. "Puede haber un 2 por ciento de las multas que sean dudosas, pero el resto son todas mentira", sentenciaron los miembros de la plataforma.
Xulio Vicente ha explicado que ya se han abonado 7.000 euros en multas debido a que el pasado 20 de agosto vencía el plazo y, en el caso de no abonar la sanción Hacienda procedería al embargo de sus cuentas bancarias.
Los afectados mantienen sus esperanzas en un resolución favorable a sus intereses pero lamentan que mientras tanto hayan tenido que abonar tres mil euros para hacerse cargo del cuarenta por ciento de las tasas judiciales para el recurso. "Tenemos los primeros juicios señalados para noviembre", han dicho.
Además de reclamar la retirada de las sanciones, estos afectados han exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello.
DEVOLUCIÓN
El conflicto por la venta masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada está resuelto en su mayor parte, según han recordado, aunque las plataformas de afectados buscan que se compense a los casi 15.000 afectados que por desconocimiento o despiste no se sumaron a los procedimientos de arbitraje o se encontraron con que las quitas eran superiores a las que preveían.
Según los cálculos hechos por estos colectivos de afectados, han quedado en el limbo unos 200 millones de euros, según aseguró el portavoz de la plataforma de Baixo Miño, Xulio Vicente.
Éste es uno de los motivos por los que el Poder Judicial ha decidido prorrogar los refuerzos asignados a los juzgados de Vigo y A Coruña, que ya venían funcionando desde noviembre del año pasado, para dar salida a las demandas.
