En apenas cinco años, los desacuerdos en los procesos de expropiaciones llevados a cabo por las administraciones autonómica o local en Galicia se han duplicado, pasando de las 2.977 reclamaciones del año 2008 a las 6.049 del año pasado. Se trata de los expedientes en que los ciudadanos afectados por la retirada de su propiedad para acometer una obra de carácter público presentan una reclamación al estar en desacuerdo con el proceso, habitualmente relativo al precio abonado.
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Desde el año 2008 también se han duplicado el número de expedientes tramitados por el Xurado de Expropiacións de Galicia, que analiza todos estos casos, lo que choca de bruces con el desplome de la obra pública derivada de la restricción de gasto que provocó la crisis en las cuentas públicas. Un dato ilustra esta situación: de superar los 1.250 millones de euros en inversiones reales hace tres ejercicios, la Xunta destina a este capítulo este año menos de 666. Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el citado jurado, explican que los procesos de expropiación se prolongan durante años, por lo que los expedientes de reposición tramitados en 2013 responden a procesos iniciados mucho antes.
Durante el año pasado se tramitaron 1.695 casos nuevos de expropiación hasta alcanzar un acumulado de 42.766 en el histórico del citado organismo, que en 2008 alcanzaba un total de 20.242. En un lustro la cifra se duplicó, aunque a menor ritmo cada ejercicio debido a que las administraciones autonómica y local cada vez inician menos procesos de obra pública que requieren hacerse con terrenos privados.
Desde 2008, sin embargo, cada año se han tramitado más expedientes de reposición -reclamaciones- y en estos momentos el Xurado de Expropiacións cuenta con 160 casos sin resolver. Debe decidir si dar la razón al propietario o mantener la decisión inicial de la administración bien sobre el precio, bien sobre características de la operación como las dimensiones, por ejemplo, de un terreno. El año pasado, el Valedor do Pobo atribuía los casos pendientes a las "dificultades presupuestarias para atender estos pagos" de la administración.
Solo en 2013 se registraron 496 nuevos expedientes por desavenencias por el proceso expropiador, concentradas en su amplia mayoría en la provincia de Pontevedra. Esta acumula 367 de ellas, es decir, el 74%, frente al 13,1% de A Coruña (68 casos), el 6,85% de Ourense (34) y el 5,4% de Lugo, de acuerdo con el último balance del organismo mediador dependiente de la Xunta.
Y es que Pontevedra también es la que mayor número de casos de expropiaciones registra. De los 1.695 registrados el año pasado, esta provincia copa el 35,6% con 605 casos, seguida de A Coruña con 511 (30,1%), Lugo con 498 (29,3%), y Ourense con 81 (4,7%).
Los expedientes de reposición constituyen el último paso antes de que administración y propietario se enfrenten ante la justicia. En caso de que este se muestre en desacuerdo con la decisión del Xurado sobre su caso, puede acudir a la justicia. Se encarga de estos casos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que solo el año pasado requirió 1.562 casos y recibió 1.712 -entre nuevos y atrasados-.
La litigiosidad de estos procesos de expropiación ante el deseo de los propietarios de bienes de obtener la mejor compensación posible también ha aumentado casi un 100%, al pasar de 6.634 casos acumulados en 2010 -últimos ejercicio de que dispone datos el Xurado de Expropiacións- hasta los 10.281.
