Los abogados del turno de oficio son el rostro más conocido de la asistencia jurídica gratuita. Ellos ponen su talento y su tiempo para ayudar a los ciudadanos que, por sus circunstancias económicas, no pueden costearse un representante jurídico cuando lo necesitan, una necesidad que, como constatan desde el mundo judicial, se incrementa cada vez más por la crisis.

Sin embargo, quienes gestionan todos los expedientes para hacer posible dicha asistencia son los colegios de abogados, que para ello necesitan una infraestructura y medios técnicos y humanos que costean con ayuda de la Xunta. Esta subvenciona a los letrados, pero también a los colegios,para compensarles por esos gastos. Si en el primero de los capítulos está al día, en el segundo la Administración lleva dos años de retraso, ya que tiene pendiente de abonar los gastos correspondientes a 2012 y 2013, como señala el vicepresidente del Consello Galego da Avogacía y decano del Colexio de Avogados de Ourense, Arturo González.

González explica que la Administración gallega abona a los colegios en compensación por los gastos ocasionados "el 8 por ciento" de lo generado cada año en concepto de asistencia jurídica gratuita, por lo que la cuantía varía cada ejercicio y no puede cuantificar la deuda con exactitud. La última referencia sería el montante abonado este mismo año, en febrero, relativo a 2011. En ese caso la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza destinó a este capítulo 372.667,57 euros, cantidad que representa el 4% de lo devengado ese año por los colegios de abogados de comunidad en concepto de asistencia letrada y defensa gratuitas. De ese modo, en trazos gruesos, la cifra que estaría pendiente de percibir por parte de los colegios no llegaría a los dos millones de euros, añadiendo el 4% que no se abonó de 2011.

La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza reconoce los pagos pendientes y argumenta que el "retraso" se debe a que el Ejecutivo gallego "se ha marcado darles el máximo" que permite el reglamento de justicia gratuita de Galicia, donde se establece que "dichas cantidades "en ningún caso podrán superar el ocho por ciento de lo generado el año anterior en concepto de asistencia jurídica gratuita". Es decir, los pagos van retrasados porque "el objetivo es darles siempre ese máximo", argumentan. "Si de esa horquilla se hubiera puesto un 1 o 2%, la Xunta estaría al día", señalan.

Al mismo tiempo, destacan que la Administración se concentra en hacer un "esfuerzo" por pagar a los abogados del turno de oficio, que reciben su indemnización "en menos desde un mes desde que certifican la actuación", señalan dichas fuentes. Lo confirma Arturo González, quien resalta que "comparativamente" con otras autonomías la Xunta "paga bastante bien". "Nos consta que hacen un esfuerzo", resalta.

El retraso de la Xunta en el pago de los gastos derivados de la burocracia de gestionar los expedientes, explica González, se ha notado a partir de la crisis. Este letrado es comprensivo con el "esfuerzo" que realiza la Administración en un momento en que "las cuentas públicas están como están", pero también le demanda "cumplir con sus obligaciones", ya que señala que ese gasto, "lo que supone tener un local abierto, una infraestructura de atención a los ciudadanos que acuden todos los días", lo están "financiando" los colegios y advierte que "llega un momento en que algún colegio se vio en aprietos para mantener su actividad".

Además, señala González, "la crisis tiene un doble efecto": Por una parte, provoca que no haya dinero y, por otra, que este servicio "incremente su demanda".