El ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró ayer tras la Conferencia Sectorial que la financiación que reciban las comunidades autónomas del Fondo Social Europeo para la reforma educativa no computará como deuda ni como déficit públicos autonómicos, aunque varias de ellas manifestaron dudas al respecto. La propuesta inicial es una financiación de 964 millones hasta 2017, de los que Galicia se llevará 55,5 millones.

De la cantidad total, 614 millones procederían del Fondo Social Europeo y el resto sería aportado por el Ministerio de Educación. Además, la consolidación de la reforma requerirá otros 400 millones anuales hasta 2020 (1.200 millones de euros más) que deberán cofinanciar las comunidades.

Los consejeros de Educación de Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias criticaron las "incertidumbres" que creen que existen respecto a la financiación de los sobrecostes que generará la implantación de la Lomce y han pedido al Gobierno que aclare si el dinero procedente del Fondo Social Europeo (FSE) computará como déficit. La consejera catalana, Irene Rigau, expresó que su Ejecutivo no ha podido aceptar la propuesta que ha hecho Wert: "no ha quedado claro ni por escrito" que el modelo de financiación no generará déficit a las comunidades. Además, lamentó que ese sistema se haya elaborado "de espaldas" a los gobiernos regionales y sin que haya un nuevo modelo de financiación. Por el contrario, comunidades que gobierna el PP, como Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura no se mostraron en desacuerdo con la financiación que les corresponderá.