El expresidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Luis Baltar Pumar, aprovechó la primera sesión del juicio que se sigue contra él por prevaricación para asegurar que no tiene la culpa de que en su día los técnicos no le hubiesen avisado de que los contratos laborales debía publicitarlos. Baltar padre achacó a escalafones inferiores la responsabilidad de 104 contratos tramitados en 2010, por los que se le acusa de un delito de prevaricación administrativa continuada.
Un extremo, no obstante, que rechazó el responsable de Recursos Humanos al atribuir a su entonces jefe toda la decisión de incorporar a este personal eventual, que era "necesario", sin convocatoria pública. "Estaba convencido de que las cosas se estaban haciendo bien", declaró desde el banquillo Baltar Pumar en distintos momentos de su declaración ante la jueza de lo penal.
La Fiscalía lo acusa por la práctica de presuntos enchufes que durante años avivaron las denuncias de la oposición. El expresidente, que no se expone a más condena judicial que una inhabilitación sin efectos prácticos, rehuyó en su interrogatorio que cometiera ilegalidad alguna, al menos conscientemente, a la hora de contratar a 104 personas entre enero y marzo de 2010, coincidiendo con el antes y después del congreso del PP ourensano en el que dos familias del partido se enfrentaron en una guerra abierta y donde triunfó la sucesión de Baltar padre a hijo. El acusado culpa a los técnicos por no advertirlo ni formular reparos, argumenta. Aunque alguno reveló conversaciones previniéndolo.
La Diputación albergaba hasta 300 altas temporales al año. Los 104 contratos temporales realizados por el exbarón entre enero y marzo de 2010 se acometieron por urgencia, "plenamente convencido", según su versión ayer ante el juez, de que "las cosas se estaban haciendo bien" y los procedimientos "eran correctos". El expresidente se atribuyó una "criba" de los aspirantes, dando los nombres de determinadas personas para los contratos pero sin asignarles los puestos, tal y como adujo.
El fiscal, que interrogó al expresidente durante casi 1 hora, sostiene en su escrito de acusación que Baltar "conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y quería de manera directa que fuesen unas personas, y no otras, la que ocuparan los puestos". El juez instructor concluyó que "la mayoría de las personas contratadas" tenían "una vinculación directa o indirecta con el PP" y fueron elegidos aquellos que "le vinieron en gana". Testimonios como el de jefe de Personal de la Diputación, José Luis Suárez, apuntan a que el acusado elegía a los aspirantes a dedo. Pero Baltar no se identifica con el enchufismo. "No asignaba puestos, nunca. Estos eran producto de la negociación del jefe de Recursos Humanos con los encargados de servicio".
Según manifestó, miraba los currículos de demandantes de trabajo que llegaban a su mesa, hacía "una selección genérica" y después "daba los nombres" para que los jefes de cada área, en coordinación con el responsable de Personal, convinieran el destino.
José Luis Baltar desvió responsabilidades al escalafón técnico. El expresidente "confiaba" en su criterio y asentó una máxima: "Durante 22 años en la Diputación nunca tuve ningún reparo de intervención y secretaría en cualquier de mis actuaciones". Añadió además que "no sabía que hacer publicidad" de los 104 contratos. "Nadie me avisó", añadió. En su opinión, "se les pasó", en alusión a los técnicos.
Sin embargo, ayer compareció ante el juez, el jefe de Personal de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez, cuyo testimonio fue de los más comprometedores para Baltar. Así declaró que el procedimiento de los 104 contratos temporales fueron una orden directa del expresidente "por razones de urgencia", pese a que le había manifestado que "era ilegal". Suárez le comunicó en una reunión que "no había amparo normativo" y que lo que procedía era un "procedimiento ordinario". Al escucharlo, el expresidente decía ayer que no con la cabeza desde el banquillo.
Durante el interrogatorio, el jefe de Personal, hijo del alcalde de Monterrei, explicó además que José Luis Baltar elegía a los supuestos enchufados pero también su destino. "Daba el puesto y el nombre", dijo el funcionario.
Otros técnicos que declararon ayer ante el juez como el que fue interventor en 2010, José María Baños, calificó como un "fallo grave" que no se hubiera producido la fiscalización previa exigida por la ley al formalizar los contratos.
El expresidente de la Diputación de Ourense aún conserva sus fieles. A las puertas del Pazo de Xustiza de Ourense hicieron ayer acto de presencia un grupo de alcaldes del rural y cargos del PP provincial, que ahora lidera su hijo.
Pero a Baltar se le ha abierto un nuevo frente. La juez Pilar de Lara lo ha imputado por cohecho en la operación Pokemon. Tenía que haber ido a declarar ayer a Lugo pero la magistrada aplazó su comparecencia al próximo lunes.
