Las víctimas del Alvia llevarán a Europa su denuncia por "incumplir" la norma ferroviaria

Así lo ha señalado la diputada 'popular' en la Asamblea de Madrid y víctima del accidente, Teresa Gómez Limón, en rueda de prensa en el Congreso, donde ha criticado la "falta de colaboración" del Ministerio de Fomento, de Adif y de Renfe con el juzgado de Santiago que instruye la causa con el objetivo de "ocultar un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad ferroviaria establecidas por la UE y de obligado cumplimiento para todos los países miembros".

Entre otras normativas, las víctimas señalan que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no es independiente, que no se evaluó el riesgo humano que suponía desactivar el sistema de seguridad ERTMS en el tramo del accidente, que no se cumplían las obligaciones de seguridad para la alta velocidad ni tampoco la de homologación del material rodante.

Prodedimiento europeo de infracción

De hecho, ha recordado, el Ejecutivo comunitario ya abrió un procedimiento de infracción a España por la falta de independencia de la Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, procedimiento que el Gobierno español trató de desactivar con un decreto ley aprobado el pasado 24 de enero y con el que se creaba la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

Pero, además, las víctimas del Alvia creen que PP y PSOE también tratan de "ocultar una responsabilidad clara del exministro de Fomento José Blanco, ahora desgraciadamente eurodiputado socialista", a quien acusan de haber modificado el proyecto en 2010 para "ahorrar tiempo de viaje" por "intereses comerciales" y para "adelantar la inauguración" por motivos políticos.

"Es totalmente indignante, es una decisión muy grave", cree Gómez Limón, que señala que los actuales responsables de Fomento abundaron en esta estrategia al desconectar el sistema de seguridad ERTMS, que "habría evitado el accidente", para evitar los retrasos que estaba causando por fallos del sistema.

"Acuerdo tácito" PP-PSOE

Por estos motivos, y ante el "temor a que el gravísimo accidente pueda poner en peligro los negocios de las grandes empresas satélites de Adif y Renfe" en el extranjero y perdieran así los "suculentos negocios", las víctimas afirman que PP y PSOE han llegado a un "acuerdo tácito" de negarse a colaborar con la Justicia y de vetar la comisión de investigación en el Congreso.

En estas circunstancias, las víctimas han decidido denunciar a España "por incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria ante la UE", comenzando por los grupos del Europarlamento, donde ya cuentan con el respaldo de la Izquierda Plural, UPyD y el BNG, que son las formaciones que también han solicitado una comisión de investigación en el Congreso.

Según Gómez Limón, primero optarán por la vía política y por apelar a otros organismos comunitarios --Agencia Ferroviaria Europea, Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, Dirección General de Movilidad y Transporte--, aunque no descartan acudir al Tribunal de Estrasburgo en el futuro.

"Mentiras y ocultaciones"

En estas instancias, las víctimas denunciarán las "mentiras y ocultaciones" de los gobiernos actual y anterior, que pretenden responsabilizar "únicamente" al maquinista del Alvia, quien "se distrajo, pero atendiendo una llamada al teléfono corporativo permitido por Renfe", hecho que no habría provocado el accidente si la tecnología de seguridad "existente" en el tren hubiera funcionado.

Tras recordar que casi un año después nadie ha dimitido por este suceso y que tampoco ha cambiado nada a nivel técnico en la seguridad ferroviaria, los afectados han apuntado que el que la CIAF recomiende en su último informe mejoras en este ámbito es un reconocimiento implícito de que el maquinista no tuvo toda la culpa en el suceso.

"El accidente se podría haber evitado", insiste la Plataforma, que también acusa a equipo de Ana Pastor de mentir sobre que el tramo Orense-Santiago no es alta velocidad cuando "así figura en el BOE, en las notas de prensa del Ministerio, en la web de Adif y en la revista Líneas". "Nos contaron que la línea contaba con la última tecnología y sistemas de conducción automática. Era una gran mentira", ha señalado Jesús Domínguez, otra de las víctimas.

A su entender, el cambio de criterio del Gobierno se debe al interés de "no perjudicar los contratos en el extranjero" de empresas españolas, ya que "hasta los peritos han confirmado al juez" que la línea era de alta velocidad pero que no contaba con los sistemas de seguridad exigibles.

Además, Domínguez ha reprochado la falta de colaboración por parte del Gobierno y de las empresas públicas con la Justicia. Y es que, "pese a la promesa personal de Pastor", los doce responsables de Adif imputados en la causa se han negado a declarar ante el juez, no se ha entregado toda la documentación solicitada y hasta la abogada del Estado "ha acusado al juez de hacer una inquisición general". "El Estado está contra las víctimas", ha resumido.

Comisión de investigación

Por todo ello, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 reclama la creación de una comisión de investigación en el Congreso para "depurar las muchísimas responsabilidades políticas" que están convencidos existen; dotar de más recursos materiales y humanos al nuevo juez instructor encargado de la causa, y garantizar que la CIAF actúa de forma independiente "como dicen las normas de la UE".

"Sentimos un desamparo total como víctimas y como españoles. Lo mínimo que se puede pedir en una situación como ésta es que nos garanticen la seguridad jurídica para tener nuestros derechos. Y la mayoría nos vemos ninguneados (por el Gobierno). Exigimos que nos atiendan como deben, que se valoren nuestros derechos y que se respete a quienes murieron (en un accidente) que no debería haber pasado. Respeto y justicia, es lo que necesitamos", ha añadido Santiago Fernández Iglesias, otro de los afectados.

Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, ha acompañado a la Plataforma en la rueda de prensa y ha reconocido que le resulta incomprensible que "uno de los peores accidentes ferroviarios de la Historia española" tenga todavía "muchísimas incógnitas" por culpa de la decisión del PP y del PSOE de vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas en el suceso.

Homenaje el 24 de julio

Con respecto al acto en Memoria de las Víctimas y en agradecimiento a los vecinos y profesionales que presentaron su ayuda el día del siniestro que se celebrará el próximo 24 de julio en Angrois, la Plataforma ha avisado de que considerará un "ataque a la dignidad de las víctimas" que miembros del Gobierno o responsables del PP o del PSOE acudan "para hacerse la foto".

"Esperamos que ese día para el recuerdo no se vea oscurecido por la presencia de quienes, después de habernos mentido, ignorado y maltratado vayan a hacerse la foto propagandística", señala Gómez Limón quien, sin embargo, asegura que esta decisión "no es una censura a toda la clase política" porque "no todos los políticos son iguales".

"Queremos ver a los políticos aquí y que nos den las explicaciones que merecemos, y no el 24 de julio haciéndose la foto en el homenaje", ha insistido otra de las víctimas del tren, Rogelio Bernardo.