La instructora de la Pokemon, Pilar de Lara, remitió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la pieza separada relativa a la exportavoz del PPdeG y parlamentaria Paula Prado "por si los hechos investigados pudieran ser constitutivos de infracción legal". La juez abrió diligencias contra Prado en relación al presunto inflado de una factura para favorecer a un empresario compostelano cuando era concejal de Santiago y a las presuntas"influencias ejercidas" para beneficiar económicamente el negocio de su marido. Sin embargo, por su condición de diputada es una persona aforada y, por lo tanto, De Lara no la puede imputar, ya que esa competencia es del TSXG.

Ahora el Alto Tribunal debe decidir si admite el caso a trámite y para ello ha solicitado un informe previo a la Fiscalía de Galicia.

Cuando se desveló parte del sumario de la Pokemon, se supo que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ya había preguntado el pasado diciembre a la Fiscalía lucense sobre si procedía enviar al caso al TSXG puesto que apreciaba "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal". El Ministerio fiscal respondió afirmativamente ese mismo mes, pero De Lara prosiguió con las investigaciones sin trasladar la pieza al Tribunal de Xustiza.

Tras conocerse estas gestiones de la instructora de la Pokemon el pasado mes de mayo, la propia Paula Prado decidió remitir un escrito al Alto Tribunal solicitando que asumiese el caso por su condición de aforada. Y en respuesta a esta solicitud el TSXG acordó el 12 de junio solicitar al juzgado de Lugo que le informarse sobre la investigación.

Días después De Lara remitió la pieza separada al Tribunal de Xustiza, si bien no consta, tal y como explican fuentes judiciales, que fuese en respuesta a la solicitud planteada por el Alto Tribunal o bien porque la juez considera que puede haber delito en la conducta de la diputada autonómica y opta por trasladar el caso al órgano competente.

Según informó ayer el TSXG, se ha dado trámite legal a la "exposición razonada" enviada por Pilar de Lara sobre la diputada del PP. El primer paso será pedir a la Fiscalía un informe sobre si procede admitir a trámite el caso.

La instructora de la Pokemon, en un auto del pasado mes de diciembre, había apreciado en la conducta de Paula Prado "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".

En este auto en el que justificaba la apertura de una pieza separada, la juez ponía el foco en dos actuaciones concretas. Por un lado, el inflado de una factura de 3.000 euros por la representación del espectáculo La Abeja Maya para beneficiar al empresario compostelano Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas a favor de GRS y Aquagest.

Pero la diputada del PP también está siendo investigada por las "influencias" que presuntamente habría ejercido, junto con los entonces concejales Albino Vázquez y Adrián Varela -los dos imputados en la Pokemon- para favorecer "económicamente a su cónyuge en su actividad de venta de materiales textiles" a los concellos de Santiago y de Boqueixón, "empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor".

A Paula Prado, que dimitió de su cargo de portavoz en el PPdeG tras las elecciones europeas, pero sigue como diputada, también se le atribuyen, según los informes de Vigilancia Aduanera, presuntos enchufes de personas afiliadas o próximas ideológicamente a su partido en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago "llegando a adaptar para ello los currículums de trabajo", tal y como recoge De Lara en uno de sus autos. Igualmente podría haber intervenido, según la magistrada, para facilitar la acometida de agua a terceros y en la resolución del expediente de apertura de un bar en Santiago.