La trama de la retirada de multas en Lugo se ha quedado finalmente en nada. Y todo, por un defecto de forma. Los 23 procesados en la causa, entre ellos el entonces subdelegado del Gobierno en la provincia, el exjefe de Tráfico, así como varios alcaldes y concejales, fueron absueltos ayer por la Audiencia de Lugo. El tribunal concluye en la sentencia que las escuchas telefónicas en las que se basó la instrucción del caso fueron realizadas "de forma irregular por un órgano judicial que ya no debía de conocer del asunto".
El proceso que comenzó con más de 70 imputados se quedó finalmente con poco más de una veintena. Y una vez concluidas las declaraciones de los acusados y testigos, la trama fue desinflada por el propio fiscal, que redujo al mínimo las penas solicitadas para los implicados al pasar de los más de 40 años de cárcel que sumaban las peticiones para los 23 imputados a tan solo 9 años. Casi un mes después de que concluyesen las comparecencias en los juzgados, el Sección Segunda de la Audiencia de Lugo emitió un fallo en el que declara la nulidad de las actuaciones porque "todas las pruebas presentadas fueron obtenidas de modo procesalmente irregular".
La forma en que se llevó a cabo el proceso ha derivado en la nulidad de las actuaciones. ¿Cómo surge la investigación de la supuesta trama tejida en Lugo para conseguir no pagar multas de tráfico? Los pinchazos telefónicos de una investigación en curso sobre una supuesta red de explotación de mujeres, el caso Carioca, destaparon la existencia de esta presunta trama en la retirada de sanciones. Esas indagaciones llevaron a la juez instructora, Estela San José, a investigar también los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias con escuchas telefónicas y el registro de la propia Jefatura de Tráfico en Lugo.
Durante este registro en la sede de la DGT en la provincia se encontraron carpetas con inscripciones que supuestamente significaban el sobreseimiento de expedientes por orden de algunas personas. Ante estos hechos, el ponente que elaboró la sentencia del caso concluye que tanto las escuchas como el registro del caso son nulos. Según la llamada teoría del juez predeterminado, la instructora del caso en el momento en el que detectó la existencia de posibles irregularidades en la tramitación de las multas debería haber abierto nuevas diligencias y enviarlas al juzgado decano para que fuera éste el que llevara a cabo su reparto. El titular del juzgado al que fueran derivadas estas diligencias sería el que tendría que haberse encargado del caso razonando la necesidad de registros y escuchas telefónicas.
El ex subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, uno de los procesados por los delitos de falsedad y tráfico de influencias, confirmó el fallo judicial ante el que se mostró "contento y satisfecho", según informa Efe. "Hoy estoy contento, satisfecho, con esa situación extraña de que pasaron tantos años y que ya tenía superado el momento de la imputación", afirmó.
En todo caso, manifestó su molestia sobre la demora del proceso ya que pasaron seis años y medio desde que fue imputado por la juez Estela San José. Además, señaló que "las primeras palabras del fiscal fueron que aquí no hubo ninguna trama, que nadie se llevó un euro".
Honorabilidad
Por su parte, el exconcejal de Tráfico en el Ayuntamiento de Lugo, José Rábade, también procesado, calificó la instrucción de "desastre". "¿Quién me repone mi honorabilidad?", se preguntó.
Por su parte, el alcalde de Pedrafita fue exculpado durante la vista oral, y ahora además otro regidor, el de Muras, el popular Isaan Algnam Azaam, y un exalcalde, el de Meira, Antonio de Dios, junto con el exvicario Luciano Armas son absueltos.
