La junta general de accionistas que NCG acaba de celebrar esta tarde supone un paso más en su nueva etapa, hacia la privatización, y que el miércoles tendrá otra cita clave con la entrega efectiva de la entidad a Banesco. Será entonces también cuando la cúpula recién nombrada empezará a funcionar. Son nueve consejeros, dos pendientes todavía de incorporar. En el principal órgano de decisión estarán Javier Etcheverría, que será presidente; el líder del holding hispano-venezolano, Juan Carlos Escotet, que asumirá la presidencia; y el futuro consejero delegado, Francisco Botas. Junto a ellos, el gallego Raúl Baltar, uno de los directivos del grupo Banesco; la ex consejera delegada de ING en España, Carina Szpilka; Pedro López Jácome, natural de Lalín y uno de los hombres más próximos a Escotet; y Miguel Ángel Capriles, empresario de medios de comunicación en Venezuela. "Todos tienen un marcado corte profesional, amplia experiencia en la gestión y una dilatada trayectoria profesional en el mundo financiero", explica el banco.

La junta, a la que acudieron socios en representación del 91,2% del capital -36 acciones, aunque físicamente estaban solo 6-, también aprobó el marco de remuneración para ellos. Los de carácter ejecutivo, hasta 500.000 euros anuales. El resto, 100.000 euros.

El encargado de dirigir la cita organizada en el complejo Palexco de A Coruña fue José Antonio Portugal Alonso, uno de los tres representantes del FROB, que defendió la solvencia de la entidad. Como prueba puso las cuentas de 2013, que acabaron en un beneficio de 18 millones de euros y fueron aprobadas por la mayoría de los accionistas. También aseguró que más de la mitad de la morosidad viene no por impagos, sino por prudencia contable, al tratarse de activos que están en refinanciación o solo con retrasos. Portugal alabó a los nuevos gestores de NCG y agradeció el esfuerzo "de los hombres y las mujeres de la red" comercial.

Durante el turno de preguntas, varios de los afectados por preferentes, que recibieron acciones tras el proceso de gestión de híbridos, hablaron por boca de Adicae. El representante del FROB aseguró que las quitas aplicadas eran obligatorias "por ley".