Por el momento, el futuro del IBI es una incógnita, más allá de que la subida fijada por el Gobierno en 2011 con ese recargo que va hasta el 10% se mantiene hasta 2015. De hecho, es lo que ha permitido a los ayuntamientos cumplir con su techo de déficit y que una buena cantidad lograran cerrar el pasado ejercicio con superávit. Lo conocido de momento de la reforma fiscal que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes no dice nada sobre el gravamen, y la intención del Ejecutivo es dejarlo para después del debate con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se abordará la financiación autonómica y lo que ocurrirá con la larga lista de impuestos autonómicos.
El comité Lagares, encargado de la propuesta de reforma que encargó Hacienda para allanar el camino al nuevo esquema fiscal apostaba por la fijación de un tipo "algo inferior" al 1% común a todos los ayuntamientos, lo que hubiera desembocado en una subida del 70% en el coeficiente que en este momento están aplicando los municipios gallegos.
