Los alojamientos reglados de Galicia tendrán que enfrentarse un verano más a la oferta de otros locales que se saltan la normativa turística o de particulares que alquilan sus viviendas a precios muy bajos sin rendir cuentas a Hacienda. Los hosteleros gallegos calculan que este verano los turistas podrán elegir de nuevo entre al menos 3.000 plazas clandestinas. El presidente del Gremio de Hoteles de Galicia, Francisco Canabal, destaca que acabar con esta "lacra" es muy complicado porque es "muy difícil comprobar las infracciones".
"Aunque se refuercen las inspecciones y se denuncie cuando haya constancia de algún caso de este tipo es casi imposible demostrar la ilegalidad", lamenta Canabal, quien pone como ejemplo que en verano la población de Sanxenxo se multiplique por diez.
La Xunta se ha propuesto luchar desde el inicio de la crisis contra los alojamientos clandestinos y cuando entre en vigor la Lei de Arrendamientos Urbanos (LAU) del Gobierno central, quedarán fuera del amparo de la norma general y se tendrán que regular por la legislación turística sectorial, que es competencia de las comunidades autónomas. La Axencia de Turismo ya el año pasado intensificó el rastreo de anuncios en internet y reforzó las inspecciones de oficio durante la época estival.
