El exalcalde de Ourense alega que se hizo la obra que imputó a su gobierno para no perder ayudas

Comienzan a declarar los nueve ediles de la junta de gobierno de 2008 por supuesta prevaricación en la urbanización de una calle

20.06.2014 | 01:58
El exalcalde Francisco Rodríguez, la edil Áurea Soto y su abogado común.

El exregidor de Ourense Francisco Rodríguez, la responsable de Urbanismo desde 2007 y el primer teniente de alcalde del bipartito iniciaron ayer el desfile de comparecencias judiciales del Gobierno de 2008 -con nueve ediles imputados- por la adjudicación de las obras de la calle Bedoya por casi 600.000 euros a la constructora OCA. El trámite, negociado sin publicidad y por la vía de urgencia con tres firmas vinculadas que calcaron hasta los fallos de impresión, se investiga por lo penal ante indicios de presunta prevaricación. Solo tres cargos continúan en activo, entre ellos, el actual regidor, Agustín Fernández, que declara el jueves.

Francisco Rodríguez, que capitaneaba aquel gobierno, Alexandre Sánchez Vidal, el líder de la parcela del BNG, y la edil Áurea Soto, la que más imputaciones acumula (5 en causas abiertas), defendieron ante el magistrado Leonardo Álvarez la inexistencia de delito y alegaron que las obras se ejecutaron por "responsabilidad" para no perder una subvención y que desconocían que faltaban informes. Según sus palabras, ningún técnico les hizo advertencias previas a la adjudicación o en la junta de gobierno. Confiaron en la propuesta del concejal competente, el exedil Andrés García Mata -el primero que declaró como imputado-, y se limitaron a votar.

Ante la prensa, Francisco Rodríguez resumió el mensaje: "Es sorprendente tratar 6 años después un asunto que nadie recurrió si es que hubo alguna irregularidad administrativa entonces".

También ante los periodistas, Áurea Soto, que era la secretaria de la junta local, insistió en que no existieron reparos durante el desarrollo del expediente, que pasó por cuatro sesiones de gobierno. La intención de García Mata, el edil de Obras, era "no perder una subvención". Para la concejala, la causa solo discute si era preciso abrir el expediente a la libre concurrencia de empresas, un trámite que se obvió, aduce, para no quedarse sin la ayuda. "Estamos hablando de que en cuatro peldaños, nos saltamos uno", añadió la edil.

Ya en la sala, el exregidor aseguró al juez que ninguno de los nueve imputados de aquel ejecutivo de PSOE y BNG conocía que no había informe del asesor jurídico ni del interventor. "En la junta de gobierno nadie puso de manifiesto alguna irregularidad", dijo. La decisión de aprobar el expediente se hizo creyendo que "estaba completo".

La denuncia sobre las obras de la calle Bedoya fue presentada por Democracia Ourensana al sospechar de un supuesto amaño por la vinculación política de la empresa y el PSOE.

Los miembros de la junta de gobierno no examinaron documentación dada la cantidad de puntos que se presentaban a las reuniones. Hasta un centenar al margen del punto del día, como fue el caso de Bedoya. "Se aprobó sin más", comentó el exalcalde La segunda en ser interrogada fue la edil Áurea Soto. Según dijo, la junta dedicó "menos de un minuto" a tratar la adjudicación. "No se discutió nada". También señaló al exedil García Mata como competente en proponer y decidir el procedimiento.

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