El Parlamento gallego se abrió ayer para un colectivo que no tiene muchas oportunidades habitualmente para contar lo difícil que para ellos resulta lo que para el común de la sociedad es bastante más sencillo. Porque si la crisis azota al común de la gente, para los discapacitados, en este caso los intelectuales, está suponiendo una barrera infranqueable incluso para la supervivencia. Y si ya de por si su día a día es delicado, muchas de las medidas tomadas para combatir los desequilibrios económicos les dejan en una situación de "clara exclusión social". "Después de los copagos y los copagos en transporte y los medicamentos que están fuera del catálogo no nos queda prácticamente nada para nuestros gastos personales -denuncia Eladio Fernández Pérez, presidente de la Federación de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Fademga)-, solo una media de 126 euros de la pensión, que son cuatro euros por día".

"No tenemos un mínimo vital -añade- que nos permita la inclusión". Durante la comisión de seguimiento de las políticas en materia de discapacidad en O Hórreo, el responsable de Fademga alertó de los recortes en educación, "donde no se cubren las sustituciones y las plazas están congeladas en los dos últimos años". El colectivo reclama una ampliación. "Los poderes públicos no nos dan respuesta", reprocha Fernández, que incluso asegura que ha habido afectados que no pidieron plaza en los centros "porque la propia Administración les indicó que no la pidieran porque tardarían mucho en tener respuesta". "Incluso -añade- hay quien tiene medio a pedir la plaza porque se les dice que pueden ser desplazados lejos de su entorno".

Una de las cuestiones sobre la que Fademga llamó la atención ha sido que el transporte "no es gratuito" para los discapacitados intelectuales, ya que tienen un copago de "entre el 25% y 30%" para poder desplazarse, de forma que reclaman que por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) "el coste sea cero". Entre otras problemáticas, la federación alertó de que afectados por discapacidad intelectual "están siendo desviados" a centros de la tercera edad, de forma que "se está almacenando" a estas personas en lugares como si fuera "un cajón de sastre", a quienes "no se está dando servicios" propios de sus necesidades. Eladio Fernández lamenta que en la escuela pública "ni hay servicios ni se los espera", al tiempo que ha reclamado que la tarjeta sanitaria doble A "se extienda a otros" más allá de los afectados por autismo y Alzhéimer.

El problema del crecimiento del paro no es ajeno a los discapacitados. Todo lo contrario. La tasa de desempleo en el colectivo, según Fademga, es del 85,3%. La entidad echa en cara a la Xunta la falta de plazas de trabajo públicas para estas personas, sin que exista una "igualdad de acceso al empleo". En esa misma línea, Eladio Fernández recrimina "la inexistente formación pública" para el empleo para este colectivo, pues, a modo de ejemplo, ha apuntado la inexistencia de prácticas para discapacitados intelectuales. A esto se unen "notables recortes" en los servicios de orientación laboral.

En una comisión en la que todos los grupos parlamentarios se mostraron conscientes de los problemas que tienen que afrontar las diferentes personas discapacitadas, también ha tomado la palabra el presidente de la Federación de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg), Íker Sertucha, quien ha advertido de la "clara situación de exclusión social" que viven las personas sordas en la comunidad y de su "invisibilidad". "Faltan intérpretes para la escolarización de los niños", advierte. Son 41, según sus datos, para los entre 300 y 400 escolares con sordera, lo que obliga a que algunos no puedan acudir a toda la jornada lectiva.