Bajo las mismas razones con las que abrió el caso, precisamente en este mismo mes de junio de 2012, Anticorrupción solicita tres años de cárcel para los exdirectivos de Novacaixagalicia y el abogado asesor, a los que mantiene su acusación de apropiación indebida y administración desleal, o, alternativamente, de estafa, por las prejubilaciones millonarias que cobraron a su salida de la entidad. En sus conclusiones provisionales, uno de los trámites previos a la apertura del juicio, las dos fiscales insisten en la "clara intención de obtener un importante beneficio personal" con la supuesta mejora de las condiciones laborales, de espaldas, aseguran, al consejo de administración y al Banco de España. Hasta el punto de que apelan a la declaración de nulidad de los contratos y a la devolución de la totalidad de las liquidaciones, casi 19 millones de euros. Una importante novedad respecto a sus pretensiones iniciales, cuando solicitaron el reintegro de 7,8 millones. Por eso también reclaman al juez que incremente las fianzas impuestas y los embargos iniciados -10,5 millones en total- "dado que existen motivos bastantes para creer que las responsabilidades pecunarias a exigir son superiores a las fianzas hasta el momento prestadas".
El escrito de acusación va hasta mayo de 2010, "en pleno proceso de fusión", para anclar ahí el presunto acuerdo de José Luis Pego, -director general de Caixanova entonces-, Óscar Rodríguez Estrada -responsable de Asuntos Institucionales- y Gregorio Gorriarán -al frente de la División Comercial- para "introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección que garantizaran una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras". "En el caso -añade Anticorrupción- de producirse su previsible salida de la entidad crediticia, tras la fusión".
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Las fiscales, que suman en las modificaciones "el reconocimiento por compromiso de pensiones" que ya estaba contemplado en las respectivas pólizas, destacan ese carácter "previsible" de la marcha como argumento para reforzar la idea de que existió un plan preconcebido desde el comienzo. Pese a que el propio Banco de España fue el que encargó a la cúpula de la caja viguesa la fusión destinada a cubrir la quiebra de Caixa Galicia, y de que los imputados no supieron que se iban hasta más de un año después cuando la nueva dirección del banco heredero, con José María Castellano en la presidencia, les dijo que no contaba con ellos.
En "la ejecución de dicho propósito", según sus conclusiones, "contaron con la colaboración de Julio Fernández Gayoso", presidente de Caixanova y luego de la caja única, "a quien, como máximo gestor de la entidad, le era exigible la mayor diligencia en la salvaguarda de los intereses de la entidad". A Ricardo Pradas, especialista en Derecho Laboral, se le sitúa también como cooperante, porque redactó, "a petición del presidente" y "con pleno conocimiento de su carácter innovador", los nuevos contratos.
A Gayoso le achacan las fiscales la "deliberada intención de esconder" esos cambios que identifican a las comisiones de retribuciones y el consejo de administración previo al nacimiento de Novacaixa, en diciembre de 2010, donde se "actuó con idéntica intención" en el contrato de Javier García de Paredes, director general de Caixa Galicia y adjunto tras la integración. En las reuniones de ambos órganos de la caja un año después, en agosto de 2011, se repiten, dice Anticorrupción, la explicación "genérica e hipotética" sobre los contratos a la hora de votar las dotaciones necesarias por si los directivos cesaban. Los acusados "consiguieron así", "sin cuantificar" ni "identificar" los directivos, el beneplácito de la comisión de retribuciones y el consejo, que quedan liberados de cualquier responsabilidad en las conclusiones.
Las fiscales inciden en que "la bancarización" era inmediata y vuelven a hacer hincapié aquí que para ese momento los antiguos altos cargos ya "habían anunciado" que se iban. La marcha se conoció un mes después porque Castellano lo ponía como condición a la entrada del fondo Elliot en el capital. El presidente de NCG, dice el escrito, firmó el desestimiento de García de Paredes "en la creencia de que se ajustaba a la legalidad".
El pago a Pego (7,7 millones), García de Paredes (5,6), Gorriarán (4,8) y Rodríguez Estrada (691.000 euros) sumó "el 29% del valor atribuido" a Novacaixa para la segunda inyección del FROB. Y las liquidaciones, según las fiscales, superaban los umbrales recogidos en dos directivas comunitarias sobre servicios financieros y tres reales decretos en España.
Además de las penas de prisión, Anticorrupción solicita tres de inhabilitación para ejercer en actividades financieras y una multa de 10 meses a razón de 250 euros diarios, además de la devolución "solidariamente e íntegramente" de "las cantidades ilícitamente recibidas".
