El PP indica que no hay tiempo en este período para aprobar la reducción del Parlamento

Pedro Puy ha justificado en los trámites esta tardanza y ha señalado que los "trámites parlamentarios son los que son"

17.06.2014 | 15:55

El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Pedro Puy, ha indicado hoy que cree que "no va a dar tiempo" a aprobar la reforma electoral en el actual periodo de sesiones, por lo que el visto bueno a la reducción de diputados que prevé esta norma, entre otros asuntos, tendrá que esperar, al menos, a la segunda mitad del año.

El proyecto, tras ser admitido a trámite, se encuentra en fase de ponencia, que se reunirá por primera vez en los próximos días, por lo que no es previsible que se apruebe en el actual periodo de sesiones, un asunto sobre el que los grupos de la oposición habían manifestado su inquietud.

Pedro Puy ha justificado en los trámites esta tardanza y ha reconocido que "el presidente manda", en alusión a Alberto Núñez Feijóo, que pretendía tener lista esta reforma en la primera mitad del año, "pero los trámites parlamentarios son los que son".

El portavoz popular también ha aludido a los intentos para llegar a acuerdos con los otros grupos, si bien ha mostrado poca confianza en que sea posible en la reducción de diputados, y ha afirmado que, en cualquier caso, "no hay prisa", ya que aún no se ha llegado al ecuador de la legislatura y la reforma no se aplicaría hasta las siguientes elecciones autonómicas.

Los portavoces de los grupos de la oposición han manifestado su convencimiento de que el PP va a aprobar esta reducción de diputados, aunque han mostrado su escepticismo de que lo vaya a hacer en el periodo estival.

"No creo que se llegue a tanto descaro como para meterla en prórroga del periodo de sesiones y meter un golpe de estado contra la democracia representativa, pero nunca se sabe", ha indicado Xosé Manuel Beiras (AGE), mientras que Francisco Jorquera (BNG) ha criticado que el PP aprovechase este periodo para finalizar el recorrido parlamentario "del pucherazo electoral" que en su opinión supone esta reforma.

José Luis Méndez Romeu (PSdeG) ha señalado que "por supuesto que el PP va a llevar adelante la reforma electoral", aunque no ha aventurado plazos, y ha asegurado que este partido tiene "un gran interés en reducir la democracia, en jibarizarla, para dejarla en puramente formal".

Los portavoces han alcanzado un acuerdo, que deberán sustanciar, para que el mes de julio, que es inhábil, haya un pleno ordinario y una reunión de cada una de las comisiones ordinarias, además de la de control a la CRTVG.

Además, la junta de portavoces ha aprobado el orden del día de la próxima semana, en el que el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá responder en la sesión de control sobre la situación de los sectores estratégicos (PSdeG), acerca del aumento de la deuda (AGE) y también contestar a si sigue diciendo, como hace cinco años, que se presentó "contra" la crisis (BNG), dada la actual situación "de emergencia" en la que el portavoz de la formación nacionalista ha dicho que está Galicia.

En cambio, el PP ha rechazado una nueva petición para que comparezca Núñez Feijóo, lo que ha motivado las críticas de los grupos de la oposición.

Quien sí comparecerá, a petición propia, será el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, para hablar sobre el naval.

Los grupos pretenden también pactar una declaración institucional sobre la situación de dos profesoras condenadas por su presunta actuación en una huelga en 2010 y que piden su indulto.

Además, se debatirá la modificación puntual de la ley de juegos y apuestas para ajustarla a una directiva de la UE.

Entre otras iniciativas, el PP pedirá que el Parlamento apoye la postura de la Xunta ante la reforma de la justicia para pedir el mantenimiento de Vigo, mientras que el PSdeG interpelará a la Xunta por esta cuestión, que no solo afecta a Vigo, Ferrol y Santiago, sino a todos los partidos judiciales con excepción de las capitales de provincia, ha advertido Méndez Romeu.

El BNG defenderá una iniciativa para detener el "fraude" de aumentar el canon que la Administración abona a las concesionarias de las autovías del Barbanza y el Salnés, ya que son éstas las que deben asumir los "riesgos" de una posible bajada de usuarios porque si no "así hace negocio cualquiera", ha lamentado Jorquera.

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