El delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, reafirmó ayer su compromiso de dejar el cargo si tiene que sentarse en el banquillo de los acusados. No erosionará, como los siete ediles de Santiago procesados y condenados a abandonar su escaño en el Concello, la imagen del PP. Pero la renuncia llegaría en el momento en que el juicio sea inexorable y una vez agotada la posibilidad de recursos en un procedimiento que se dilata desde el año 2006, cuando el BNG denunció el supuesto fraude en ayudas de Europa para proyectos en ejecución en 1999 y 2000

Un día después de que la Audiencia Provincial de Ourense ordenara continuar el proceso contra él y los otros nueve imputados por el presunto uso irregular de fondos del Plan Leader en su etapa de alcalde de Arnoia, Martínez resolvió ayer: "No me sentaré en ningún banquillo siendo delegado de la Xunta de Galicia".

Tras la última resolución de este caso, el juez instructor de Ribadavia emplazará a las partes para que presenten sus escritos de acusación o pidan el archivo. BNG y Asociación para o Progreso de O Ribeiro, la acción que impulsa el PSOE, ya los registraron el pasado mes de octubre. La oposición culpa al delegado de cuatro delitos en la gestión de fondos europeos cuando el popular aún era alcalde de Arnoia. Obras que nunca se realizaron y se traducen en posibles cargos de malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude en subvenciones públicas. Los dos partidos solicitan penas de cárcel: de 7 a 17 años, además de peticiones de multas y largos periodos de inhabilitación pública.

En cambio, la Fiscalía solicitará una vez más el sobreseimiento al considerar que los hechos, de ser ilícitos, han prescrito. Rogelio Martínez entiende que este es un elemento para calibrar su caso. Ayer se mostró "muy decepcionado" por poder acabar en el estrado "sin saber de lo que uno está acusado y con el argumento del fiscal pidiendo el archivo".

El delegado y su defensa estudiarán el auto de la Audiencia sin descartar la opción de acudir en amparo, en este momento procesal, ante el Tribunal Constitucional. Como recuerda el alto caro, "hay otros imputados y con que uno decida tomar algún tipo de acción, ya vincularía", apostilló. Después, aún "habría que dictar auto de apertura de juicio oral y fijar una fecha". Ni siquiera el señalamiento, que sería a varios meses vista, tiene por qué suponer su salida inmediata, según avanza. En todo caso, promete que no será "un obstáculo para el PPdeG".

Pero también precisó Rogelio Martínez que, "a día de hoy", no tiene tomada ninguna decisión sobre una eventual renuncia a su cargo por supuestas irregularidades en la gestión de fondos europeos. Eso solo llegará cuando se abra el juicio.