El juicio a 12 independentistas, uno de ellos declarado en rebeldía, por los incidentes registrados en 2009 durante una manifestación de Galicia Bilingüe en Santiago quedó ayer visto para sentencia tras una declaración de la líder de UPyD, Rosa Díez, que indicó que escuchó "insultos" al inicio de la marcha. El fiscal, en líneas generales, mantiene su petición de 45 años de cárcel en total para los acusados pero ha acordado retirar la acusación contra dos, reducir la pena que solicitaba para otro y dejar a otro fuera de su acusación de daños agravados.

La cuarta y última sesión del juicio en el juzgado de lo Penal número 2 de Santiago solo contó con el testimonio, a petición de la defensa, de Rosa Díez. Su anterior citación fue anulada al hallarse en campaña para las europeas. Díez indicó que al ir a arrancar la marcha observó a "grupos de jóvenes" que empezaron a llamarles "fascistas". Explicó que los manifestantes pudieron llegar a la Quintana, aunque "no sin algún sobresalto", pues en este punto "habían tirado bolas o canicas en las escaleras".

El fiscal considera "comprobado" que los procesados alteraron gravemente convivencia, que contaban con una "organización" previa y que estaban "coordinados". Ha insistido en que lo que se juzga no es la participación en una manifestación contra Galicia Bilingüe, sino la violencia con la que se desarrolló.

Uno de los letrados de la defensa, Manuel Chao, apuntó que no existen "elementos probatorios" que sitúen a los encausados con hechos concretos, por lo que no se puede imputar un delito contra la paz pública. En esa línea, criticó que el fiscal haya usado como pruebas grabaciones y fotografías de los medios.

Los letrados, que piden la libre absolución, volvieron a pedir la impugnación de las imágenes aportadas y anunciaron la petición de una investigación a policías que declararon en el juicio por un presunto delito de falso testimonio. Asimismo, rechazaron la acusación de desorden público pues "no puede haberlo con este grado de incertidumbre" y han recriminado a la Fiscalía que haga "una simple elucubración" para afirmar que la actuación fue concertada.