Las empresas que recogen aceite usado en los bares y restaurantes de Galicia lanzan un mayday a la Xunta. O agiliza la investigación por supuesto fraude y blanqueo de capitales cometidos por los llamados bidoneros -compañías que carecen de las pertinentes autorizaciones para realizar esta actividad-, o de lo contrario se verán abocados al cierre. La proliferación de empresas ajenas a la recogida de residuos vegetales durante los últimos años ha tocado de lleno la cartera de clientes de las gestoras autorizadas en la comunidad. Al menos una quincena de compañías pirata y autónomos pagan en negro a los hosteleros por el aceite usado en sus cocinas para luego venderlo en Portugal, Cataluña o Comunidad Valenciana. Desde la Asociación Gallega de Gestores de Aceites Vegetales Usados (Asgave), a la que pertenecen SB Galicia, Industrias Afines, Reciflu y Procesadora Gallega de Alimentos, advierten de que el 50% de los aceites usados que generan los centros de restauración en la comunidad son recogidos por empresas o autónomos que operan de manera fraudulenta.

"Todas aquellas empresas que a la hora de hacer clientes ofrecen dinero por la recogida, es de dudosa fiabilidad", advierten desde la asociación. "Ninguna planta autorizada -sostienen- paga por la retirada de residuos vegetales usados". Y por eso están en el punto de mira de la Policía Autonómica una quincena de empresas y particulares que se dedican a este negocio en la comunidad y que llegan a pagar "cantidades astronómicas" por el aceite usado para posteriormente vender a fábricas biodiésel.

La investigación puesta en marcha a finales del año pasado, a raíz de las reiteradas quejas manifestadas por gestores autorizados a la Administración autonómica durante los últimos años, trata de esclarecer qué empresas carecen de autorización para la retirada, transporte y gestión de estos residuos pero también cuáles utilizan las compañías como tapadera para blanquear dinero. El presunto blanqueo cometido por las empresas investigadas en la comunidad podría superar los dos millones de euros al año, según fuentes próximas al caso.

Las pesquisas puestas en marcha por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, se centra en personas relacionadas con el sector de la construcción. Y también en despachos de abogados, asesorías contables y personas relacionadas con gestorías y corredurías de seguros, donde algunos de los empresarios investigados tienen domiciliado su negocio.

Desde la Asociación Gallega de Gestores de Aceites Vegetales Usados trabajan para implicar en la erradicación de esta trama a la Xunta y al sector de la hostelería. Según advierten, la Administración ha dado millones en subvenciones para la instalación de fábricas de biodiésel, pese a que la mayoría ni han llegado a funcionar; en cambio el sector de la recogida "tan importante o más que el de la fabricación ya que deben garantizar la correcta trazabilidad y gestión del residuo" -aducen-, no ha recibido contraprestación económica alguna.

Pese a que los gestores autorizados han tratado de ponerse en contacto durante las últimas semanas con el presidente de la Confederación de Empresarios de la Hostelería de Galicia (Cehosga), Héctor Cañete, para informarle del alcance de la trama, no han recibido respuesta alguna. Y por ello advierten a los hosteleros de que ellos también son cómplices si entregan a sabiendas sus residuos vegetales usados a bidoneros. "Cuando empiecen a llegarles multas alguno se llevará las manos a la cabeza, pero ya están avisados de la ilegalidad que supone la entrega a empresas fraudulentas", apuntan desde Asgave.