En la recta final en aquel momento de las conversaciones para la fusión, "la pelea, como se esperaba, está siendo dura", coincidían las dos cajas gallegas. Hace justo cuatro años. El 9 de junio de 2010. Tanto ruido que cualquier otra cosa era susceptible de quedar enterrado en el olvido. Aquel día, el secretario general técnico del Ministerio de Economía, por orden de la ministra Elena Salgado, emitía una durísima resolución contra Caixa Galicia. Contra su firma de tasación, Tasagalicia, por la que pasaba la totalidad del ladrillo vinculado a la entidad y algunos informes para Caja Madrid. Cuatro infracciones graves y muy graves por, entre otras razones, "la falta de veracidad" en la valoración de los activos y el descontrol interno de la sociedad. Tasagalicia recurrió hasta la Audiencia Nacional, que, en una sentencia de hace unos meses a la que ha tenido acceso FARO, confirma la enorme batería de irregularidades que explican lo ocurrido después con el agujero de la caja dirigida por José Luis Méndez.

El expediente incoado a la filial tasadora de Caixa Galicia incluye 33 folios que detallan la larga lista de "deficiencias" en la aplicación de los métodos legales para fijar los precios de los activos. ¿Ejemplos? Tasaciones "en las que se valoran terrenos en atención a unos aprovechamientos urbanísticos inexistentes al tiempo de la valoración". Es decir, parcelas no urbanizabas que se valoraban como si lo fueran. Más: "tasaciones en las que se informa como valor de tasación de inmueble en proyecto y/o construcción el calculado bajo hipótesis de edificio terminado". Hasta 20 edificios estaban recogidos así, por importe de 1.651 millones de euros, pese a que el real era 738 millones. La documentación hace "mención expresa" a una concesión administrativa de uso deportivo y ocio que estaba construido en un 17%, pero con un valor como si estuviera al 100%, de 19,5 millones.

Algo similar a lo ocurrido con un terreno destinado a albergar un hotel, sin ni siquiera los trabajos iniciales en marcha, y que se evalúa en 20 millones de euros, lo que representa, según los técnicos de Hacienda, una "sobrevaloración del 40". En otra finca, de suelo no urbanizable, la valoración asciende a 61,2 millones, cuando "dos días antes", estaba calculada en 8,6 millones, un 600% menos.

El análisis se realizó sobre una muestra de 141 tasaciones de Caixa Galicia entre 2005 y 2009. El perito de la caja intentó alegar que únicamente el 4% de ellas "presentan irregularidades". Pero la Inspección del Banco de España sostuvo que las había "en prácticamente todas".

Además de los problemas con las tasaciones, las otras tres sanciones -con una multa total de 198.000 euros- hacen referencia a las "deficiencias" en la plantilla de Tasagalicia, la falta de profesionales y control interno. Desde 2005, según consta en la sentencia, se estaba advirtiendo a Caixa Galicia que atendiera a la obligación incumplida de guardar durante cinco años toda la documentación de las tasaciones. En un inventario de 84.198 tasaciones, aparecieron 35.136 "registros vacíos" y 553 informes correspondientes a activos de 2.398 millones de euros "con numeración repetida dos o más veces".

Descontrol e independencia

Por ley, los encargados de las tasaciones no pueden tener ningún tipo de relación con los dueños de los activos que revisan. Pues bien, Tasagalicia no contaba con filtros para "mantener una posición de independencia". También sobre esto, insiste la sentencia, las llamadas de atención del Banco de España se remontan a 2005. Pero es que, y es la tercera sanción, no se suministraba información al supervisor y la que llegaba era a medias. Para muestra, que la firma asegurara que tenía 13 profesionales, cuando estaban registrados oficialmente 6.

La cuarta de las multas viene por el seguro. La póliza excluía de su cobertura "las reclamaciones por disminución de valor" por incumplimientos en la norma de tasaciones o cambios en planes urbanísticos, "cuando precisamente la finalidad del aseguramiento es ofrecer la cobertura a terceros por los riesgos de la actividad".