A finales de este mismo mes de junio o principios de julio está previsto que la Fiscalía Anticorrupción complete el escrito de acusación formal contra los antiguos directivos de Novacaixagalicia que se enfrentan a los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, por la supuesta mejora en sus contratos para elevar las prejubilaciones a su salida de la entidad. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de rechazar los recursos presentados por las defensas de Javier García de Paredes, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, además de las del abogado Ricardo Pradas, asesor en materia laboral de Caixanova y después de la caja única. Lo que directamente abre el plazo de 10 días para que las fiscales encargadas del caso entreguen su informe definitivo, aunque, según fuentes conocedoras del proceso, la redacción podría alargarse un poco más. Luego llegará el turno de los acusados, que dispondrán de diez días también para hacer llegar sus respectivos escritos, donde figurarán la solicitud de pruebas periciales y testigos.
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Una vez cumplido este trámite, el juez Ismael Moreno deberá decretar la apertura de juicio oral. ¿Cuándo? La fecha dependerá, entre otras cosas, de la carga de trabajo en el tribunal, con lo que la convocatoria podría ser, según fuentes jurídicas, "inmediata" o "tardar meses".
El rechazo de las alegaciones "no aporta explicaciones en concreto", como apuntan en la defensa de los imputados. "Son afirmaciones rotundas de la Sala -añaden- sin tener en cuenta muchos de los documentos presentados". Los cinco ex altos cargos insisten desde el comienzo de las diligencias que nunca existieron mejoras en sus condiciones laborales y que las únicas modificaciones, en línea con lo que la Dirección General de Seguros declaró, se debieron a la unificación de derechos consolidados ya en las pólizas de seguro. Moreno, en cambio, en el auto que puso punto y final a la instrucción incide que en el 20 de octubre de 2010, un mes antes de que empezara a funcionar Novacaixa, se firmaron contratos "nuevos" que incluían "mejoras en las retribuciones a percibir y en los conceptos pensionables para el supuesto, entre otros, del desestimiento unilateral de su relación laboral".
El magistrado da por hecho la existencia de "un plan preconcebido para preparar su salida", pese a que fue la nueva cúpula, encabezada por José María Castellano, la que decidió prescindir de ellos. E incluso fue el expresidente de NCG el que firmó el desestimiento de De Paredes. Aunque inicialmente se les achacaba un posible delito de administración desleal, Moreno optó cambiar al de estafa.
Ambos delitos, junto a los de publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas y administración fraudulenta, van en la querella de la CIG contra las cúpulas de las dos cajas y la que tomó el relevo en NCG por la venta de las preferentes. El sindicato la presentó ayer "para que se haga justicia y no quede impune esta estafa piramidal".
Los afectados del Baixo Miño apelan también a que se haga justicia ante las multas que están recibiendo de la Subdelegación del Gobierno por las concentraciones. La Fiscalía de Vigo ha aceptado su demanda e iniciará una investigación sobre las sanciones que la plataforma califica de "irregulares".
