La reforma fiscal que prepara el Gobierno podría acarrear subidas de impuestos para 324.000 gallegos que poseen segundas residencias y las tienen desocupadas. El Ministerio de Hacienda estudia incrementar la tributación que pagan estos inmuebles que no son vivienda habitual del propietario ni están alquiladas a terceros. Esto afectaría a todos aquellos contribuyentes que, por ejemplo, conservan las casas de aldea heredadas de sus padres o a los que optaron por comprarse en la costa un piso o un apartamento para veraneo. Si ahora pagan una media de 416 euros al año por este concepto, el recargo podría ser mayor si al final el departamento de Cristobal Montoro opta por incrementar los gravámenes sobre estos inmuebles.
La decisión todavía no está tomada. De hecho, la Agencia Tributaria ni confirma ni desmiente que se vaya a subir la tributación sobre las segundas residencias desocupadas que publicó esta semana Cinco Días. Ésta es, sin embargo, una de las medidas que están encima de la mesa, tal y como reconocen los técnicos de Hacienda.
El Gobierno prometió una reducción del IRPF y el presidente Mariano Rajoy anunció también que bajará el impuesto de sociedades. Para compensar el descenso de ingresos que comportarán estas rebajas fiscales, tendrá que buscar vías alternativas de recaudación y el Gobierno tiene el foco puesto sobre la vivienda.
El comité de expertos al que el Gobierno encargó diseñar la reforma fiscal propuso gravar la vivienda habitual. Sin embargo, esta medida resultaría muy impopular a pocos meses de unas elecciones generales y por eso Hacienda ya descartó subir los impuestos sobre las primeras residencias.
Por esa razón, las opciones que cobran más fuerza son subir la fiscalidad de las segundas y ulteriores viviendas o bien elevar el Impuesto de Bienes Inmuebles, si bien este tributo es de gestión municipal, de manera que no supondría ingresos para las arcas del Estado a corto plazo.
Actualmente los propietarios de segundas residencias desocupadas ya sufren un recargo en su declaración, puesto que se calcula el 1,1 % del valor catastral del inmueble o bien del 2 %, si no hubo revisión catastral desde 1994, y se computa como renta.
El ministerio se plantea desde elevar este porcentaje a un sistema completamente nuevo para que el impuesto sobre la renta refleje el patrimonio de los contribuyentes.
Según los datos de la Agencia Tributaria, en el ejercicio 2011 fueron 324.000 los gallegos que sufrieron este recargo, lo que supuso unos ingresos para Hacienda de 134,8 millones de euros.
