El texto definitivo del real decreto para la retribución a las renovables que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma los temores de la eólica gallega de que sus alegaciones servirían para bien poco. La "mal llamada reforma energética", en palabras de la patronal del viento en la comunidad, "y que evidencia, una vez más, que el Gobierno español nada contra la corriente mundial de promover y fomentar el uso" de las fuentes limpias. La norma elimina las primas, con la posibilidad de recibir una "retribución específica" para garantizar una "rentabilidad razonable". Pero será el Ministerio de Industria el que decida quién tiene derecho. La Asociación Eólica de Galicia (EGA) arremete contra "el grave error político" y advierte que el nuevo sistema "provocará el cierre y la parada de instalaciones".
Y va más allá. "Cuestiona la viabilidad de futuras instalaciones", avisa, en referencia al concurso eólico de la Xunta, a la que, en un durísimo comunicado, reprocha que "no ha sabido defender de forma efectiva los intereses del sector". EGA critica que en lugar de ir al Constitucional, el Ejecutivo autonómico optara por "la apertura de mesas de negociación" con Moncloa "que, hasta la fecha, no han fructificado, como se confirma con la aprobación del real decreto". Su entrada en vigor allana el camino de la orden de remuneración por tecnologías que deja fuera a los parques anteriores a 2005, la mayoría de las instalaciones gallegas.
Desde la patronal nacional, AEE, ya avanzaron ayer su intención de recurrir la norma "en todas las instancias" posibles. Su presidente, José López-Tafall, tendía su mano ayer a Industria durante la celebración de la convención anual del sector para evitar deslocalizaciones masivas. En esa misma cita, Antonio López-Nicolás, responsable de Políticas de la Unidad de Renovables de la Comisión Europea hacía hincapié en que el recorte retroactivo "puede afectar de forma muy clara al clima de inversión".
