Con la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto que fija la retribución a las energías renovables, la eólica gallega asume el jarro de agua fría que supone "la mal llamada reforma" del sector. La norma "evidencia, una vez más, que el Gobierno español nada contra la corriente mundial de promover y fomentar" el uso de las fuentes limpias. Los nuevos criterios y la eliminación de las primas a la producción -ahora solo será posible acceder a una retribución específica que el Ejecutivo central se reserva solo para casos en los que haya que garantizar una "rentabilidad razonable" y que él mismo repartirá por concurso- es, según la patronal del viento en la comunidad, EGA, un "grave error político" que "provocará el cierre y la parada de instalaciones eólicas".
Los promotores van más allá y, a los problemas económicos para las actuales instalaciones, suman la posible inviabilidad de las "futuras", en una referencia clara al concurso impulsado por la Xunta. Al Gobierno gallego le acusan directamente de copartícipe en la situación. "No ha sabido defender de forma efectiva los intereses del sector", sostiene EGA en un duro comunicado de prensa, que reprocha al equipo de Alberto Núñez Feijóo su decisión de no llevar directamente los cambios al Constitucional "y optar por la apertura de mesas de negociación" con Moncloa, "que, hasta la fecha, no han fructificado, como se confirma con la aprobación del nuevo Real Decreto".
EGA advierte además que con el freno a la industria del viento -en la que incluyen las firmas auxiliares, proveedores o propietarios del suelo-, la factura acabará recogiendo mayores costes y, por lo tanto, los consumidores "habrán de soportar nuevas subidas de la luz".
Desde la patronal nacional, la AEE, ya avanzaron esta mañana durante la celebración de la convención eólica que recurrirán el real decreto en "todas las instancias".
