Pontevedra acapara con 17 millones casi la mitad del gasto anual en sueldos sociales

La mejoría económica no frena la avalancha de peticiones para cobrar la Risga » La demanda se dispara un 118% en un lustro » Benestar ya prevé gastar este año 42,4 millones

09.06.2014 | 00:37

Los mensajes acerca del inicio de la recuperación económica se apoyan en cifras macroeconómicas, pero chocan de bruces con el incremento constante de la demanda de cheques sociales, que el año pasado beneficiaron a 11.753 ciudadanos al tiempo que batieron el récord de gasto autonómico. El pago de la renta de integración social básica de Galicia (Risga), consumió 36,6 millones de euros y la provincia de Pontevedra concentró casi la mitad de todo ese desembolso con 17,2, por 10,1 de A Coruña y apenas 5,4 y 3,7 de Ourense y Lugo, respectivamente.

La Risga constituye un cheque mensual que la consellería de Traballo e Benestar abona a las personas con escasos recursos y que alcanza una media de 390 euros al mes, si bien puede aumentar en función de determinadas circunstancias, como el caso de las familias numerosas. La ley establece que quien cumpla los requisitos tiene derecho a percibirla, por lo que si los recursos asignados presupuestariamente resultan insuficientes, deben ampliarse. Y esta situación no para de producirse como consecuencia de la crisis, que ha generado una avalancha de solicitudes. Tantas, que en los dos últimos años el presupuesto no ha sido suficiente. El año pasado, por ejemplo, Benestar desembolsó 36,2 millones, tres y medio más de lo previsto.

Este ejercicio la tónica es similar, pues ya en el primer trimestre del año, el departamento dirigido por Beatriz Mato ha tenido que ampliar 2,7 millones sus fondos debido al incremento de la demanda y a que la legislación obliga a tener cubierto un año de pago cuando accede al sistema un nuevo beneficiario, aunque luego este solo la perciba durante unos meses. Los cheques sociales ya suponen casi el doble de gasto que en el año 2009 cuando estalló la crisis económica en la comunidad. Entonces, se presupuestaban 22,8 millones.

Durante el año pasado, fueron 11.753 las personas que cobraron en algún momento del ejercicio estas ayudas para poder llegar a fin de mes, si bien al cierre del año los beneficiarios en nómina se situaron en 9.300, de acuerdo con el informe anual elaborado por Benestar. De nuevo, Pontevedra concentra casi la mitad con 4.417, por 2.532 de A Coruña, 1.361 de Ourense y 990 de Lugo.

Todo responde a una avalancha de peticiones de quienes, castigados por el paro y la crisis, tratan de aferrarse a todos los salvavidas públicos para poder cuadrar sus cuentas. El año pasado, los concellos enviaron a las dependencias de la Xunta un total de 12.461 peticiones de ayudas, entre Risga (7.704) y ayudas de emergencia social (4.757), un cheque único que se paga para casos de extrema y puntual necesidad, por lo que es la primera la que se utiliza como principal indicador de pobreza, pues supuso un gasto de 36,2 millones el año pasado frente a los 2,7 de las segundas.

En 2009, entre ambas apenas recibieron 7.750 solicitudes. En cuatro años la demanda, por tanto, se ha disparado un 60%, pero es la Risga la que concentra la subida. Desde ese año, su demanda ha crecido de 3.536 a 7.704, es decir, casi un 118%, mientras que las AES apenas se han incrementado un 12,8%, desde las 4.214 a las 4.757.

Lógicamente, son los núcleos urbanos los que concentran la mayor parte de la demanda de Risga. En Pontevedra, Vigo alcanza el 43,1% del total, por el 44% de Lugo, el 41,5% de Ourense y el 36,7% de A Coruña.

Esta avalancha ha generado problemas en Benestar. La propia conselleira Beatriz Mato tuvo que reconocer "retrasos indeseados" en el pago de estas prestaciones por parte de su departamento, que deniega o archiva el 41% de las peticiones, por un 39,5% en el caso de las ayudas de emergencia social. En algunos casos, se abona ese cheque mensual transcurridos cinco meses, cuando la ley establece la obligatoriedad de abonar el pago en apenas dos como máximo en los casos resueltos de forma positiva.

En una intervención en el Parlamento, Mato tachó estas demoras como "difíciles de soportar" para personas en situaciones económicas precarias, pero también deslizó que parte de la responsabilidad compete a los concellos, cuyas oficinas son las que reciben y tramitan las solicitudes que luego envían a la administración autonómica.

De acuerdo con el balance del año pasado, Benestar resuelve los casos en una media de 156 días, superando ya los dos meses de tope, una cifra ligeramente inferior a la del año 2012. En estos momentos, Benestar acumula el 20% de solicitudes pendientes de resolver.

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